La retirada del apoyo de Cs a De Castro no impide que mantenga la Presidencia

La expulsión de Ciudadanos de Eduardo de Castro, coordinador de la formación en Melilla y presidente de la Ciudad, no supondría para el jefe del Ejecutivo local la pérdida de la presidencia. La sanción impuesta por Cs, que será recurrida por De Castro, llevaría al dirigente político a convertirse en diputado no adscrito en la Asamblea de Melilla pero no a tener que abandonar su cargo. Así lo indica una sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito impide que se asuman cargos que antes no se ejercían pero no señala que deban abandonar los que ya se ostentaban. Así lo reflejó la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en un escrito en octubre del año pasado, en el que declara que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL) “se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo”.

La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos anunció el pasado viernes la expulsión del coordinador de la formación en la ciudad por estar llamado a declarar como investigado a raíz de una querella del PP por la creación de un nuevo centro de acogida de menores en Rostrogordo.

De Castro ya avanzó el pasado sábado que presentará alegaciones contra decisión de su partido al considerar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia pero aunque el recurso no fuera aceptado en Madrid y De Castro dejará de pertenecer a la formación naranja, no tendría porque abandonar su puesto de presidente de la Ciudad.

A pesar del terremoto político provocado en Melilla por la decisión del partido de Inés Arrimadas, la situación del gobierno de coalición entre CpM, PSOE y De Castro no tendría porqué verse afectada por la pérdida del apoyo de Cs a De Castro, que solo podría ser desalojado en caso de que se planteara una moción de censura en su contra.

Los números no cuadran

Para poder retirar el cargo de presidente a De Castro, haría falta que una mayoría de diputados en la Asamblea apoyara una moción de censura, y a pesar de que el presidente de la Ciudad pasara a ser un diputado no adscrito, la aritmética parlamentaria, a día de hoy, no cuadra.

El tripartito sigue manteniendo 13 escaños, lo que le otorga una mayoría muy ajustada en la cámara, frente a los votos de la oposición, 10 del PP y uno de Vox. Además, está el voto del diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy.

Por otro lado, el Reglamento de la Asamblea dispone que en el caso de que diputados tránsfugas intervengan en la solicitud de una moción de censura se necesitaría lo que se conoce como ‘quorum’ reforzado. Es decir, que en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político de la Asamblea al que se adscribió al inicio de su mandato, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de diputados que se encuentren en tales circunstancias. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de diciembre del 2017 da un nuevo paso en la configuración de los derechos de los concejales no adscritos. En particular, el Tribunal se refiere al derecho que corresponde a los concejales la participación en la actividad de control del Gobierno local. En este supuesto el TC declara, de forma expresa y por vez primera, que la ruptura de un concejal con su partido político no siempre tiene naturaleza fraudulenta y considera que se vulneraba el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23.2 de la Constitución al exigir un 'quorum' reforzado ya que el cese de la relación de un concejal con su partido no necesariamente responde para el TC "a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal".

Así, la situación del Gobierno local queda por ahora en una situación similar a la que se encontraba antes de la expulsión de De Castro, a expensas de cómo se desarrollen los acontecimientos en los juzgados y si las querellas presentadas avanzan o son desestimadas.