La Ciudad le acusa de apropiación indebida, delito por el que le piden 6 meses de prisión y otros 6 de inhabilitación. Un funcionario de la Ciudad se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un delito de apropiación indebida. La Administración local le acusa de haberse apropiado de 670 euros de unos bonos deportivos, que fueron supuestamente duplicados, pues todos ellos tenían la misma referencia y en el registro aparecían como devueltos y no cobrados. El caso quedó visto para sentencia después de que el juez de lo Penal número 2 rechazara la reclamación de esta cantidad (670 euros) en concepto de responsabilidad civil y aceptara la modificación de la condena solicitada por la letrada de la Ciudad: Seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación de empleo público.
En el juicio, el acusado negó haberse apropiado de tal cantidad. En marzo de 2008 sus jefes de área en la Consejería de Deportes encontraron en las pistas deportivas donde este funcionario trabajaba una serie de bonos para la utilización de las pistas con el mismo número de referencia y con una serie de “tachones”. Uno de los jefes del acusado, de la Consejería de Deportes, declaró que recogió esos bonos y comprobó que éstos habían sido devueltos y no se habían cobrado.
El hallazgo no fue fortuito, pues había recibido el mandato verbal de hacer un estudio estadístico del tipo de usuarios de esas instalaciones deportivas, en vistas a la revisión al alza de las tasas deportivas de la Ciudad Autónoma. La testigo también declaró que el número de bonos vendidos con el beneficio del carné joven se había incrementado notablemente, lo que llamó la atención en la propia Consejería.
Según la versión de esta testigo y de su superior directo, el director técnico, ambos se entrevistaron con el acusado y dos trabajadores más de las mismas instalaciones y aseguraron que el acusado reconoció los hechos que ayer se le imputaban.
El trabajador negó tal hecho y alegó que él pensó que se refería a otro tipo de documentos que estaban bajo su custodia.
El director técnico aseguró que el acusado “se echó a llorar y reconoció los hechos” y añadió que también le dijo: “Ayúdame. He cometido un error. Soy padre de familia”. “No le habíamos acusado de nada y él reconoció los hechos”, apostilló el testigo. Declaró que puso en conocimiento del consejero lo ocurrido y el trabajador fue destinado a otro puesto de trabajo que no tuviera relación con ningún tipo de recaudación de dinero.
A partir de ese traslado, el testigo aseguró que los ingresos en caja por el uso de las instalaciones deportivas subió “notablemente”, aunque el abogado defensor puso énfasis de que en marzo de 2008 también entró en vigor la subida de tasas.
Los compañeros de trabajo
El siguiente testigo no concretó mucho lo ocurrido en marzo de 2008, pues alegó que no se acordaba. Únicamente afirmó que la caja con el dinero de la venta de tickets y bonos estaba en la cabina de los celadores y que era el acusado el que cada día retiraba ese dinero, pues era el que llevaba las cuentas.
Sin embargo, el abogado defensor puso de relieve que todos los celadores de esas instalaciones deportivas tenían llave de la cabina, por lo que, de faltar dinero, podría haber sido cualquier trabajador con acceso al lugar.
Los testimonios de los dos últimos testigos fueron más favorables para el acusado. El primero de ellos aseguró que el funcionario se quejaba frecuentemente de la “desorganización” existente en las instalaciones deportivas, por parte de los jefes de la Consejería, mientras que el tesorero de la Ciudad declaró que, como usuario de esas instalaciones, “nunca” vio nada extraño en la gestión del acusado.
En los alegatos finales, el abogado defensor aludió a una “persecución política” a su cliente, por haber sido interventor de una formación política “rival” al partido que gobierna en la Ciudad.
