Randa Mohamed recuerda a la Delegación que los menores migrantes "no son números"

La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha salido al paso de las recientes declaraciones de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, sobre el proceso de reubicación de menores migrantes no acompañados, para defender la actuación de la Ciudad Autónoma de Melilla y reivindicar que “los menores no son solo números ni expedientes”.

La responsable del área social del Ejecutivo melillense ha denunciado lo que considera una “visión reduccionista y administrativa” por parte de la Delegación del Gobierno, a la que acusa de no valorar el esfuerzo técnico y humano desplegado por la Ciudad para cumplir con lo establecido en el Real Decreto 2/2025, que regula el proceso de reubicación de estos menores en territorios con mayor capacidad de acogida y con responsabilidad compartida entre administraciones.

Las declaraciones de Randa Mohamed se producen en respuesta directa a la nota de prensa emitida por la Delegación del Gobierno, tras una reunión interinstitucional celebrada este miércoles para evaluar el grado de cumplimiento de los plazos y expedientes exigidos en el proceso. En dicha nota, la delegada subrayó que el Ejecutivo central “ha cumplido con el proceso de reubicación y continúa el seguimiento en los territorios frontera”, señalando que la Ciudad Autónoma debía haber remitido 76 expedientes antes del 20 de noviembre, y solo entregó 30 en ese plazo.

La consejera ha rechazado tajantemente esta acusación. Asegura que desde que se declaró la contingencia migratoria el 29 de agosto, la Ciudad ha colaborado con “lealtad institucional”, aplicando el Real Decreto bajo el principio del interés superior del menor. Además, ha denunciado que la normativa se ha aplicado con criterios políticos y no técnicos, beneficiando a determinados territorios en perjuicio de otros, como Melilla, que sufre de manera directa las consecuencias del fenómeno migratorio debido a su ubicación geográfica estratégica.

“La Ciudad Autónoma de Melilla no se opone a la solidaridad entre territorios, pero exige que el reparto se haga de forma justa, equitativa, con consenso y, sobre todo, con financiación suficiente”, afirmó Mohamed en un comunicado difundido este miércoles. La consejera considera que el problema radica en que el enfoque del Gobierno de España se basa en cifras, cuando el fenómeno migratorio de menores es “complejo” y debe abordarse con sensibilidad, respeto y garantías para los derechos de la infancia.

En este sentido, lamenta que la Delegación del Gobierno valore los avances del proceso únicamente en función del número de expedientes entregados, ignorando que muchos de esos casos presentan circunstancias particulares que dificultan su resolución. Entre ellas, menciona la mayoría de edad alcanzada por algunos menores durante el proceso, su oposición al traslado, autos judiciales que paralizan expedientes o nuevos ingresos posteriores a la declaración de contingencia.

Según datos proporcionados por la propia consejería, se han tramitado 147 expedientes entre los dos mecanismos previstos por el Real Decreto. De ellos, se han resuelto favorablemente 53 y 58 menores ya han sido trasladados, cifra que incluye a dos que viajarán a Extremadura este jueves. Además, se han archivado 36 expedientes por diversos motivos, como determinación de mayoría de edad, oposición de los menores o resoluciones judiciales firmes. El resto se encuentran aún en distintas fases administrativas.

Mohamed ha subrayado que este volumen de trabajo, gestionado por el equipo técnico de la consejería y los profesionales de los centros de acogida, merece respeto y reconocimiento. Considera que las declaraciones de la delegada del Gobierno suponen “una falta de consideración hacia ese colectivo que está realizando una labor admirable en condiciones difíciles, con recursos limitados y una presión constante por parte de la opinión pública y de las instituciones del Estado”.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha insistido en que su labor se ajusta estrictamente a la legalidad y al mandato del Tribunal Supremo, defendiendo el proceso como un mecanismo de solidaridad entre territorios para afrontar situaciones de especial presión migratoria. En su nota, Sabrina Moh calificó de “incoherente” la postura del Partido Popular, recordando que votó en contra del Real Decreto en el Congreso y posteriormente solicitó su aplicación en Melilla, en un gesto que, según sus palabras, demuestra una contradicción política evidente.

Fuentes oficiales de la Delegación han defendido que el proceso debe realizarse con unidad y responsabilidad institucional, recalcando que “hablamos de personas especialmente vulnerables, porque son menores”, y que debe primar en todo momento “el interés superior del menor”, tanto en la letra de la ley como en su ejecución efectiva.

Sin embargo, Randa Mohamed ha cuestionado esta narrativa, acusando al Gobierno central de diseñar un decreto “sin criterios objetivos, transparentes e igualitarios”, que deja en manos de la discrecionalidad política la asignación de recursos y el reparto de menores entre comunidades autónomas. También criticó la falta de una financiación adecuada para que los territorios de destino puedan afrontar con garantías la acogida de estos menores.

“Este no es un debate sobre cifras, sino sobre derechos, dignidad y humanidad. No se puede reducir la realidad de estos menores a una tabla de Excel. Cada expediente es una historia de vida que merece ser tratada con sensibilidad, rigor y compromiso”, sostuvo la consejera.

Con este cruce de declaraciones, se evidencia una creciente tensión institucional entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno, en un contexto marcado por el aumento de llegadas de menores migrantes no acompañados y la saturación del sistema de acogida. Mientras el Gobierno central reclama agilidad y cumplimiento de plazos, la administración local exige financiación, equidad y una mirada más humana hacia una problemática estructural que afecta directamente a los más vulnerables.

A menos de dos meses del plazo final para completar el proceso de reubicación, ambas partes insisten en que su prioridad es el bienestar de los menores. Sin embargo, las diferencias de enfoque amenazan con entorpecer un procedimiento que debería estar guiado por la cooperación institucional y no por la confrontación política.