El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha reclamado una red completa de Obligaciones de Servicio Público (OSP) para las conexiones marítimas y aéreas de la ciudad, frente a la recomendación del Tribunal de Cuentas al Gobierno de establecer una regulación más estricta sobre las subvenciones al transporte en los territorios extrapeninsulares. El órgano fiscalizador propone revisar los criterios actuales para evitar abusos, controlar mejor el gasto y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Quevedo ha defendido que la solución no pasa por reducir ni condicionar el actual 75% de bonificación para los residentes. “Otra cosa es que estemos de acuerdo, por supuesto, con que el Tribunal de Cuentas indique que hay que perseguir cualquier tipo de fraudes, viese en el padrón, o bien sea por si en algún momento alguna naviera ha aplicado precios mayores de los máximos establecidos en los contratos de OSP, como así nosotros también nos tememos que ha sucedido en algunos casos en el año 2023 y el año 2024”, ha explicado. Pero ha añadido que, “por supuesto, cualquier tipo de fraude, hay que perseguirlo, pero eso no tiene nada que ver con eliminar o reducir o plantear algún tipo de limitación por cualquier motivo de acomodación, de renta, etcétera, para aplicar el 75% de descuento a los residentes”.
El informe del Tribunal, aprobado recientemente y correspondiente al ejercicio 2023, recoge que se destinaron 227 millones de euros a subvencionar 8,6 millones de viajes bonificados, de los cuales más del 93% correspondieron a ayudas para residentes. El Tribunal considera que el sistema actual presenta deficiencias de control. No se comprueba la residencia de los beneficiarios, no hay límite en el número de viajes, ni en el tipo de billete, y se han detectado sobrecostes subvencionados en servicios como restauración o camarotes superiores. También se han abierto procedimientos para recuperar 1,14 millones de euros por bonificaciones indebidas en 331.074 embarques.
Ante esta situación, Quevedo ha pedido situar el caso de Melilla en su justa dimensión. “Lo primero que hay que poner en situación es que en toda las ciudades de la península existen carreteras, existen vías ferroviarias, que no solamente tienen un coste importantísimo para la ejecución de las infraestructuras, un coste de inversión, sino que también mantienen un alto coste anual de mantenimiento, tanto las carreteras como las vías ferroviarias”, ha afirmado. Ha recordado que esas infraestructuras se usan sin restricciones tanto por residentes como por no residentes, y en ambos sentidos.
En contraste, ha explicado que Melilla no dispone de red terrestre con el resto del país. “En esta situación, en Melilla, lo que tenemos que ir es a generar una OSP, una Obligación de Servicio Público, porque es necesaria, porque es de derecho y porque es la mejor organización que supone tanto para los melillenses como para los que nos visiten”.
Actualmente existen OSP marítimas con Málaga, Almería y Motril. Quevedo ha reclamado mantener estas rutas, pero con un contrato “con mejores prestaciones”. En cuanto al transporte aéreo, ha subrayado que la ciudad cuenta con OSP solo con Sevilla, Almería y Granada, y ha exigido que se incluyan también las rutas con Málaga y Madrid. “Es urgente completarlos con el transporte aéreo con Málaga y Madrid, que es el que está dando mayores problemas”, ha insistido.
Quevedo ha expuesto que el modelo de OSP no solo permite garantizar el derecho a la movilidad, sino también introducir mecanismos de control efectivos sobre el servicio. “¿Qué permite la OSP? Permite marcar unos precios máximos para todos, unas frecuencias mínimas de esos transportes, y también penalizar las cancelaciones que no sean por motivos meteorológicos”.
Según su análisis, el sistema actual genera precios muy variables, especialmente en las conexiones aéreas. “En este momento sabemos todos que existe una anormalidad en el precio de los transportes aéreos con Málaga y Madrid, dependiendo del momento en que uno saque el billete u otras circunstancias, que hace que en muchos momentos sea absolutamente prohibitivo, de una forma nada razonable, el precio del billete con Melilla”.
Por esa razón, ha vuelto a incidir en que el objetivo debe ser consolidar las OSP en todas las rutas claves. “El sistema general tiene que ser de Obligación de Servicio Público tanto en transportes marítimos como aéreos. En el momento en que existan esas OSP con Melilla, tanto marítimas como aéreas, los costes serán perfectamente previsibles, no habrá ninguna necesidad de ampliar partidas presupuestarias, las frecuencias serán estables y los precios máximos estarán establecidos”.
Además, ha señalado el impacto que una red completa de OSP tendría para el turismo y la actividad económica en la ciudad. “También ayudará a que vengan personas a visitar nuestra ciudad, bien por ser familiares, bien por ser turistas”.
Quevedo ha insistido en que la OSP aporta “certeza” y “estabilidad” al sistema. “La OSP es lo que da estabilidad, es lo que da certeza, certidumbre de frecuencias, de precios al transporte con Melilla, que es lo que necesitamos, igual que cualquier peninsular tiene una certeza en que va a poder desplazarse por carretera o por vía ferroviaria con otras ciudades”.
Además, ha añadido que si los precios se estabilizan gracias a las OSP, incluso podría reconsiderarse el actual nivel de bonificación. “Ese precio será un precio lógico, establecido y el 75% de descuento incluso podrá reducirse, en tanto que no existan esos precios máximos desorbitados que se producen en los transportes con Málaga y Madrid, y que sin embargo vemos que sí están estabilizados y correctos en la OSP con Sevilla, Granada y Almería”.
Quevedo ha resumido la posición de la Autoridad Portuaria de Melilla. “Ese es el futuro: OSP marítima con Málaga, Almería y Motril, con mejor contrato marítimo, y OSP aérea con Málaga, Madrid, Sevilla, Granada y Almería, con también un correcto contrato aéreo en precios y frecuencias”.
Mientras el Gobierno central estudia las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, desde Melilla se insiste en que la prioridad debe ser garantizar una conectividad regular, con precios controlados y un modelo estable. La aplicación completa de las OSP, según las autoridades locales, sería una vía para cumplir con los objetivos de control del gasto, sin debilitar derechos que consideran fundamentales.
