El diputado de PPL acusó en Twitter al presidente de la sociedad pública, José Mª López Bueno, de “apropiarse de 330.000 euros de fianzas a largo plazo de empresarios”.
Tras la acusación que el diputado de Populares en Libertad (PPL) Julio Liarte vertió en Twitter el pasado 9 de noviembre, el presidente de Proyecto Melilla S.A. (Promesa), José Mª López Bueno, dio ayer cuenta de la “chapuza profesional y política” de Liarte en los años en que este último estuvo al frente de la sociedad pública. Liarte había acusado a Promesa de “apropiarse de 330.000 euros de fianzas a largo plazo de empresarios”. Por ello, López Bueno anunció que los servicios jurídicos están estudiando emprender “medidas legales” contra el diputado de PPL y aplicar la sanción correspondiente por incumplir el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capitales.
López Bueno explicó que Liarte, al igual que hizo en Twitter, vertió la misma “acusación falsa” en la reunión del Consejo de Administración de Promesa celebrado el pasado martes. Esta acusación supondría el incumplimiento del artículo 226 de la citada ley por “falta de lealtad” a la sociedad pública como consejero que es. Además, López Bueno considera que el diputado debió “callarse” pues de la acusación que emitió “es directamente responsable”.
“Documentos que no existen”
Las fianzas a largo plazo de empresarios, a las que se refirió Liarte, “no son tales”, según López Bueno, y se remontan a 1996, cuando se procedió a la venta de la segunda y tercera fase del Polígono del Sepes en El Real. López Bueno explicó que, estando entonces al frente de Promesa Julio Liarte, el Sepes ofreció a la sociedad pública una comisión del 3% de unas gestiones administrativas, cuyo montante, Liarte propuso destinarlo como ‘primas’ a los empresarios compradores de las naves industriales si transcurridos cinco años cumplían una serie de requisitos.
Sin especificarse cuáles serían esos requisitos y de qué manera Promesa reintegraría esas ‘primas’ o bonificaciones a los empresarios cumplidores, el Consejo de Administración de Promesa aprobó la propuesta de Liarte.
López Bueno aseguró que no existe documento alguno por el que se establecezca y se comprometa las condiciones y cantidades a “donar” a esos empresarios que superaran la inspección.
Es más, el presidente de Promesa explicó que, transcurridos los cinco años, se realizó una inspección en las naves de estos empresarios y “muy pocos” cumplieron las condiciones acordadas como, por ejemplo, un número mínimo de trabajadores contratados.
Los que sí cumplieron los requisitos se les devolvió el aval, pero no recibieron esa ‘prima’ o gratificación que propuso Liarte porque nunca se llegó a especificar las condiciones que debían cumplir. López Bueno apuntó que desde entonces “ese dinero ha estado en una cuenta depósito sin utilizarse” y que es ahora cuando se ha regularizado administrativamente esta cantidad “de algo más de 300.000 euros” ha pasado a ser activo de la sociedad pública. Este montante contará en la cuenta de resultados del presente ejercicio como un ingreso extraordinario, según apuntó el presidente de la sociedad pública melillense.
Tras la explicación, López Bueno afirmó haber pedido a Liarte su dimisión como consejero de la sociedad pública, pero dijo estar seguro de que “no lo hará”. “Tanto que presume de pulcritud en su gestión, en este caso, debió callarse porque todo esto es culpa suya, por no cumplir lo que se acordó en el Consejo de Administración de Promesa en el 96. Es más, poco tiempo después salió corriendo de Promesa y cuando yo llegué, tuve que arreglar otros desaguisados”, agregó.
PPL dice que López Bueno quiere “disminuir” las pérdidas de Promesa
Por su parte, Liarte no se mostró preocupado por las posibles “medidas legales” que López Bueno pueda emprender contra él y aclaró que los 300.000 euros es “un dinero que el Sepes dio a Promesa” y que se acordó que este montante se “devolviera” a los empresarios que cumplieran requisitos como un número mínimo de trabajadores contratados. Liarte insistió en que este acuerdo se transmitió “por escrito” a los empresarios y fue aprobado en el Consejo de Administración de entonces, el año 96, “en el que Daniel Conesa era consejero en representación de la Unión del Pueblo Melillense (UPM)”, apuntó.
El diputado de PPL aseguró que dimitió de su cargo al frente de Promesa y ha sido hace poco cuando ha descubierto “a raíz de una pregunta de un ciudadano” que esos 300.000 euros nunca se “devolvieron” a los empresarios que sí cumplieron los requisitos. De hecho, Liarte aseguró que en 2010 “varios empresarios” reclamaron esa ‘prima’ y que él pensó que se había resuelto.
Para “sorpresa” de Liarte, ahora “ese dinero lo quieren pasar como ingresos extraordinarios y disminuir así las pérdidas de un millón de euros que Promesa va a dar este año”. Estas pérdidas, las achacó al alquiler de Promesa de los locales de la Estación Marítima que “aún hoy siguen vacíos”.
El diputado insistió en que se trata de una “supuesta apropiación indebida” de esos 300.000 euros.
“No admito amenazas” apostilló Liarte y criticó que las solicitudes de información que ha presentado sobre este asunto no han sido atendidas.
“He solicitado información y no dan ni un puñetero papel. Me dicen que vaya a los tribunales porque cualquier actuación judicial corre a cuenta de la Ciudad Autónoma y se escudan en la lentitud de la justicia”, se quejó.
