El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a 105 personas en la causa de la ‘Operación Emperador’, que destapó una macrorred de fraude fiscal y blanqueo liderada por el ciudadano chino Gao Ping.
Además de contra Ping, el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía, como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel G.G. que en estos momentos disfruta de un destino especial en Melilla, empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. El juez también propone juzgar a Ignacio G.J., actor de cine de adultos conocido como ‘Nacho Vidal’. En un auto hecho público este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 envía la causa a la Sala de lo Penal al entender que los hechos son constitutivos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.
Tras numerosas vicisitudes, se pone así fin a la instrucción de un caso que comenzó a investigarse en 2011 y se da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.
El magistrado también propone juzgar a Ignacio García Jordá, conocido como ‘Nacho Vidal’, al considerar que colaboraba en los envíos de capital fuera de los cauces legales a través de la sociedad Vidal Production.
En su auto, el juez considera que existen “indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional” encabezada por Gao Ping, con grupos y escalones “perfectamente estructurados y jerarquizados” que tenían como propósito común un “sistemático” fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
Para dar soporte a esta actividad delictiva, explica, constituyeron un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se situaron diferentes testaferros, y confeccionaron los documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) necesarios.
Una de las vías que utilizaba la trama consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión hacia el exterior.
Según el escrito, bajo el “liderazgo absoluto” de Ping Gao, cada investigado tenía distribuidas de forma “perfecta y milimétrica” sus funciones y cometidos en la trama.
El primer bloque de la red estaba compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban unos mil contenedores anuales de artículos de bazar desde su país y los distribuían a través de 39 sociedades instrumentales, con dos contabilidades paralelas para eludir el pago de impuestos.
Registraban un número menor al real de artículos importados y declaraban productos distintos a los reales. El material se centralizaba en naves industriales, en Fuenlabrada o Seseña (Toledo) para ser distribuido en todo el territorio nacional.
Esta primera trama cobraba las mercancías en efectivo y transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros.
El segundo bloque, liderado según el juez por François Leiser, estaba integrado por intermediarios que cobraban comisiones de entre el 2 y el 3 % por facilitar la salida al extranjero del dinero de la trama. Conectaban a personas con elevados saldos bancarios en paraísos fiscales y que requerían efectivo en España con la red de Gao Ping, que disponía de “inconmensurables cantidades” que quería sacar el país.
La tercer trama, según el auto, estaba formada por ciudadanos chinos que realizaban envíos masivos de dinero a China camuflado en falsas remesas de inmigrantes, tanto por carretera como por vía aérea.
