Los dueños niegan haber vendido la casa y piden el desalojo inmediato de la pareja que lleva dos años allí. Un joven matrimonio se sentó ayer en el banquillo de los acusados por estar ocupando ilegalmente una vivienda desde hace dos años. Ante el juez ambos aseguraron que ese inmueble lo compró su abuelo hace muchos años y como acreditación de la propiedad presentaron el contrato de la luz. Los dueños de la casa negaron que se haya vendido nunca y solicitaron el desalojo inmediato de la pareja que lleva dos años viviendo allí.
El matrimonio alegó que su familiar pagó 500.000 pesetas por una vivienda en Batería Jota, pero que el día que quedaron para formalizar las escrituras ante notario, el vendedor no se presentó. La defensa argumentó en su alegato final que la pareja entró a vivir en el domicilio convencida de que era propiedad de su abuelo y, de hecho, tenía la llave, según dijo la letrada. En todo caso, la defensa aseguró que el matrimonio no tuvo “mala intención” cuando entró a vivir en la casa, ya que ambos “estaban y están convencidos de que la vivienda la compró el abuelo”.
Los acusados aseguraron que nada más casarse entraron a vivir en la casa en 2011. Tiempo antes dijeron que habían sido avisados por los vecinos de que la vivienda estaba abierta y que había mucha basura dentro.
Los dueños estaban de viaje
Esta versión de lo sucedido no coincidió en ningún punto con la ofrecida por la hija de los propietarios, que según el Ministerio Fiscal, sí había presentado la escritura de la casa. Negó que su padre o su madre, cuando el primero falleció, vendiera la casa a nadie. Ni ella ni sus hermanos tampoco han vendido la casa, pues su madre vive y por tanto, defendió que la casa sigue siendo propiedad de su familia. Aseguró que estando de viaje fuera de Melilla, le llamó sus vecinos para contarle que alguien había abierto la puerta y había gente viviendo dentro.
Cuando volvieron a la ciudad se encontró con el joven matrimonio. “Desde entonces están viviendo allí y yo pago todos los impuestos”, aseguró la hija de la propietaria. La fiscal solicitó al juez el desalojo inmediato de la familia. El caso quedó visto para sentencia.
