El Partido Popular ha denunciado este jueves que solo la Consejería de Infraestructura que dirige Rachid Bussian utilizó 540 contratos menores en 2021 y en un único caso se publicitó la oferta. Los populares han iniciado un proceso de estudio pormenorizado de ese tipo de contratación, muy habitual en la Ciudad Autónoma, a raíz de las "quejas" que están recibiendo por parte de pequeños y medianos empresarios, y autónomos melillenses, que no pueden acceder a los servicios o la obra pública porque no se enteran o no son invitados a los procedimientos.
En rueda de prensa, la diputada Esther Donoso cifró en casi 6 millones de euros las adjudicaciones correspondientes a los citados 540 contratos menores, de los que 290 lo fueron por importe superior a 3.000 euros (se contrataron por esta cantidad 5,2 millones) y los 250 restantes inferiores a 3.000 euros (681.000 euros).
Centrándose en los 290 contratos menores superiores a 3.000 euros, Donoso precisó la obligatoriedad de su publicidad o de inventar a tres empresas para la adjudicación. "Eso a Bussian le suena a chino", criticó la diputada popular para señalar que en 77 casos ni siquiera se solicitaron ofertas y de los 213 restantes en 98 casos se presentaron dos empresas y en 73 restantes solo optó una.
"Parece que Bussian elige mal a los invitados porque a la gran mayoría de los que llama no les interesa participar", comentó para expresar su "extrañeza" porque "esto es el mundo al revés", dadas las numerosas quejas recibidas en el PP por parte de empresarios y autónomos a los que nunca se tiene en cuenta para estas contrataciones.
De ahí que pidiera al consejero de Infraestructura que explique cómo se han adjudicado casi 6 millones de euro en contratos menores durante 2021 y haya muchos empresarios y autónomos que ni se enteraran o tampoco fueran llamados a participar presentando sus ofertas. "Solo han tenido opción los elegidos por Bussian o por su varita mágica".
Lo curioso, según Esther Donoso, es que frente a todos los que "tienen tan mala suerte" se erijan otros que, sin apenas arraigo como empresas locales o autónomos, consigan decenas de miles de euros. En ese sentido, apuntó que hay quienes han recibido hasta 20 contrataciones.
A modo de ejemplo citó el caso de SG Melilla, creada en marzo de 2021, que consiguió más de 20 contratos ese mismo año y facturó 353.346 euros. Se da la circunstancia añadida que su dueño, Farid Said Amar, también tuvo contrataciones aparte como autónomo. Sumando los contratos de Infraestructura, Emvismesa y Distritos, llegó a facturar 451.000 euros.
"Frente a esto vemos que hay empresas con arraigo en Melilla que no les dejan ni participar en las contrataciones", indicó Donoso. La diputada opositora, además, responsabilizó de la situación a la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia, Gloria Rojas, a la que acusó de ser "la gran valedora, consentidora, la que calla y encubre" estas prácticas.
Esther Donoso, por último, no pudo precisar si el PP acudirá o no a los tribunales con estos datos. "Para ellos, todo son irregularidades administrativas pero la casualidad no existe en el caso de Bussian", señaló.
