El diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo, se refirió en la rueda de prensa a uno de los puntos del orden del día del pleno que mantendrá mañana la Asamblea, la prórroga de contrato de explotación del vertedero controlado de residuos de Melilla; y advierte de la ilegalidad de esta propuesta que se realiza desde la Consejería de Medio Ambiente.
Bajo la apariencia y la denominación de una prórroga de un contrato, explicó Quevedo, que es lo que dice en el texto, lo que realmente se pretende aprobar es la modificación de un contrato que se inició en el año 2010 y una indemnización a la empresa adjudicataria de este servicio. Desde el PP consideran que se trata de una indemnización "infundada" e "inventada" por parte del área de Medio Ambiente.
Al parecer dicha indemnización se valora en 825.000 euros y parte de ella se concreta en mantener la concesión del vertedero un año más, lo que se valora en 677.000 euros. Sin embargo, quedan así 148.000 cuya forma de compensación no se concreta en dicho expediente. El popular recalcó que no se trata de un expediente de prórroga, sino de un expediente normal de un contrato. Concretamente de un expediente de modificación de un contrato y de indemnización a una empresa "por una supuesta mala praxis de la Administración".
Explicó que el problema comenzó cuando el informe de legalidad de la secretaría técnica de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio indicaba que la ruptura de la economía del contrato, que es lo que se alega, "no se deduce de los establecido en el pliego que sirvió de base al concurso público". Lo que se aduce es que se debería haber aumentado anualmente el precio de las tierras que se vierten respecto al IPC, cuando en los pliegos y en los contratos dice que este contrato "no está sujeto a revisión del precio".
Es entonces cuando el secretario técnico dice que no se deduce tal cosa en lo establecido en el pliego y que la única saluda que puede dar es que los diputados de la Asamblea, como órgano de contratación mayor, interpreten el pliego como que sí se realiza la revisión del precio. Por tanto, si los diputados dicen que sí hay revisión de precios, sí podría ser legal. "Esto no se le ocurre a nadie y ademas es totalmente novedoso que un secretario técnico diga que esto va ser legal si los diputados votan una interpretación de un pliego y un contrato de hace diez años. Si se interpreta así y lo estamos cambiando, eso sería una prevaricación", señaló.
Además, ese contrato de diez años terminó el 6 de abril, y desde entonces ese vertedero está abierto con una empresa privada, cobrando a los melillenses sin ninguna base ni papel y también tiene a trabajadores realizando su labor.
Es por ello que desde el Partido Popular quieren avisar "noblemente" al resto de diputados de la Asamblea "con lealtad" a fin de evitar problemas personales piden que ese punto "se retire de la orden del día o se deje sobre la mesa"; y además sugiere a la Consejería de Medio Ambiente que busque otras fórmulas "más legales y menos comprometidas" con el resto de diputados del Gobierno para arreglar el problema que ha creado. Según Quevedo, el titular de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, es quien debe arreglar el problema ya que se terminó el contrato en abril y para solucionarlo ha visto que podamos indemnizar a la empresa con una prórroga. "Pero en este caso el fin no justifica a los medios", dijo el popular.
Quevedo hablando de ilegalidad. Nos vamos a reír próximamente, míster.