El conflicto entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales ha alcanzado este jueves su tercer día de huelga con posiciones cada vez más enfrentadas. Mientras el Ministerio de Justicia insiste en minimizar el impacto del parón y acusa a los convocantes de manipular las cifras, los representantes de la carrera judicial defienden la protesta como una medida “dolorosa pero necesaria” ante lo que consideran una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y a las condiciones laborales de la magistratura.
“Me gusta apoyarme en el Consejo General de la Abogacía Española que el otro día decía que se habían afectado miles de asuntos. Es así, no estamos orgullosos de eso, no queremos, y nos duelen los justiciables cuyos juicios se han suspendido, cuyas resoluciones vayan a posponerse unos días por culpa de esta huelga. Pero creemos que era un mal necesario dada la situación de extrema gravedad que tenemos sobre la mesa”, ha afirmado Fernando Germán Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, una de las cinco asociaciones convocantes del paro.
En conversación con El Faro, Portillo ha subrayado que el objetivo no es castigar a los ciudadanos, sino forzar al Ministerio a sentarse a negociar sobre dos proyectos de ley que, a su juicio, ponen en jaque el funcionamiento y la independencia de la justicia española.
“La huelga ha sido un éxito”, ha sostenido. Según los datos internos recopilados por su asociación, la media de participación en los tres días ronda el 70 %. Portillo explica que este cálculo se ha realizado a partir de miles de correos recibidos por jueces y fiscales que han comunicado su adhesión, teniendo en cuenta además los que están de vacaciones, de baja médica, en permiso o en comisión de servicios. “El Ministerio da porcentajes mucho más bajos, pero no tiene acceso a todas las actividades que un juez deja de hacer cuando está en huelga”, ha defendido.
Y es que los jueces y fiscales no solo celebran juicios. Su jornada incluye la adopción de medidas cautelares, resoluciones incidentales, emisión de providencias, informes, atención a funcionarios y otras tareas que, aunque no siempre visibles, forman parte del trabajo diario en los juzgados. “Suspender un juicio llama la atención, pero hay miles de actuaciones que se han dejado de realizar y que no se contabilizan porque el Ministerio solo recoge lo que le informan los letrados de la Administración de Justicia”, ha apuntado Portillo.
Frente a esa versión, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido con dureza. En declaraciones a RTVE, rebajó la participación al 28,75 % el martes y al 30,84 % el miércoles. Y acusó directamente a las asociaciones judiciales de “pura manipulación” de los datos. “No han comunicado ni un solo nombre. No tenemos constancia de quién está en huelga”, denunció el ministro. Según Bolaños, las únicas cifras fiables son las recogidas por los letrados judiciales a partir de los juicios suspendidos. “El resto son estimaciones interesadas”, zanjó.
Portillo, por su parte, admite que el sistema de seguimiento tiene carencias, pero culpa de ello al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Se han puesto de perfil”, ha lamentado. “Si el Consejo hubiese reconocido oficialmente la huelga, podría haber fijado servicios mínimos y articulado un sistema para que los jueces y fiscales que quisieran hacer huelga lo comunicaran formalmente. Así el Ministerio tendría los datos necesarios para descontar haberes, que es lo que corresponde legalmente. Pero no lo han hecho”.
El presidente del FJI ha dejado claro que los convocantes asumían que la huelga implicaba la pérdida de salario. “Lo dijimos antes de empezar. Sabemos que quien hace huelga no cobra y lo aceptamos. Lo que no puede ser es que el Consejo no se dé por enterado de la huelga y luego el Ministerio se queje de no tener datos. Efectivamente es injusto que hagamos huelga y que no se nos descuente el sueldo, pero no es responsabilidad de las acciones convocantes”, ha insistido.
El futuro de la huelga sigue abierto. Las asociaciones convocantes han anunciado que este jueves evaluarán la situación y decidirán si prolongan las movilizaciones. Portillo no lo descarta. “Si los proyectos de ley siguen adelante, nosotros también seguiremos adelante, de una u otra forma. No se trata solo de condiciones laborales, sino de proteger la independencia judicial frente a decisiones políticas que la ponen en entredicho”.
El pulso entre Gobierno versus jueces y fiscales continúa, con los tribunales como campo de batalla y los ciudadanos como víctimas colaterales de un conflicto que amenaza con enquistarse.
