EL mismo motivo para tomar una decisión y la contraria. Por un lado, la plantilla de Serramar ha decidido no seguir adelante con la huelga que tenían previsto iniciar este viernes.
Reclaman el pago del salario correspondiente a abril, que la empresa no ha pagado aún a pesar de que está a punto de cumplirse el mes de retraso. El director de Serramar, Jesús Nagore, declaró a El Faro este sábado que habían empezado a abonar algunos salarios. Sin embargo, esto no es cierto, según el sindicato. A pesar de ello, los trabajadores han acordado no seguir adelante con el paro previsto porque otra empresa se ha hecho cargo del servicio de vigilancia en el CETI, donde trabaja la mayor parte de la plantilla de Serramar en Melilla. Por lo tanto, entienden que no tiene sentido tomar esta medida de presión contra la nueva adjudicataria del contrato, que no es responsable de la situación de impagos de salarios, ni es justo perjudicar al CETI, que está al día con los pagos a Serramar.
Sin embargo, a pesar de estos argumentos, por otro lado el sindicato insiste en mantener su protesta diaria ante la entrada de estas instalaciones. UGT continuará con sus concentraciones cada mañana a las 10:30 horas frente al CETI aunque la nueva adjudicataria no tenga ninguna responsabilidad en los impagos de su antecesora y pese a que la Administración está al día en el abono de las facturas. ¿Cuál es el motivo de esta contradicción? El sindicato no lo ha explicado. Antes del anuncio de la renuncia de Serramar al contrato habían planificado llevar a cabo sus actos de protesta ante el CETI y no han cambiado de opinión aunque las circunstancias ya no son las mismas.
Si es cierto que Serramar, según denuncia UGT, no ha cumplido con su promesa de pago, ¿qué sentido tiene exigir que haga frente a sus compromisos ante unas instalaciones que ya no tendrán nada que ver con la empresa morosa? ¿Qué motivo hay para manifestarse contra Serramar ante la nueva adjudicataria del servicio?
Al margen de que UGT esté más o menos acertada a la hora plantear sus medidas de presión, lo cierto es que la forma de llevar a cabo la protesta no quita peso a los argumentos de la plantilla. De hecho, su situación vuelve a plantear una circunstancia sobre la que habría que legislar de una manera eficiente: Cómo debe actuar la Administración ante una empresa adjudicataria de un servicio, por el que cobra puntualmente, que no cumple con las obligaciones salariales respecto a su plantilla. Y a su vez: Cómo puede actuar una empresa frente a la Administración cuando ésta incumple su obligación de pago en el tiempo estipulado. En cualquiera de los dos casos, no es lógico que los trabajadores sean las víctimas de la falta de seriedad de una u otra.
