EL CETI viene registrando durante meses un nivel de ocupación muy superior a las 480 plazas de capacidad máxima de esas instalaciones.
El año pasado, llegaron a estar acogidas más de 2.000 personas durante varias semanas. Casi todos los representantes políticos y responsables de instituciones que se han interesado por el problema de la inmigración han llegado a dos conclusiones tras visitar el centro. Por un lado, ha señalado algo evidente: Es necesario adoptar medidas ante la sobreocupación de las instalaciones. Cada uno ha utilizado el adjetivo que ha creído más acertado para describir lo visto en el interior. Desde condiciones “deplorables e insalubres” (eurodiputados de Izquierda Plural) a “hacinamiento crónico” (comisario europeo de Derechos Humanos) o expresiones no tan duras, como las usadas por el Defensor del Pueblo en sus informes de 2012, 2013 y, probablemente, de 2014 cuando redacte el correspondiente al año pasado.
Al mismo tiempo, quienes han recorrido esas instalaciones han coincidido en alabar el trabajo y la dedicación del equipo dirigido Carlos Montero, el máximo responsable del CETI. Gracias a ello, las difíciles condiciones de vida de los inmigrantes en esas instalaciones han sido más llevaderas. Hasta tal punto ha sido óptima la labor de esos trabajadores que sorprende el bajo número de incidentes en el centro pese a su gran masificación, que hace aún más difícil la convivencia entre personas de distintas culturas, costumbres, tradiciones y credos.
Probablemente, ese sobresfuerzo de los trabajadores del CETI es lo que ha permitido al Gobierno no tener que preocuparse de mirar qué ocurría en el interior del centro ni preocuparse de buscar soluciones.
Ayer, por fin, después de numerosas críticas y advertencias, el Ejecutivo central se comprometió ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU a tomar medidas. Ha sido necesario que sacaran los colores a España durante su comparecencia ante ese organismo para contraer un compromiso que debería haberse asumido hace tiempo. Finalmente ayer el secretario de Estado de Asuntos Exteriores anunció reformas en el CETI, entre ellas, la sustitución de las tiendas de campaña por módulos fijos que se instalarán de modo temporal. Esta medida no soluciona por sí sola todos los problemas, pero es un primer paso ante la incapacidad de recudir la saturación de esas instalaciones acelerando los trámites burocráticos para los traslados de inmigrantes a la península.
Ha tardado, pero por fin tienen alguna respuesta las numerosas advertencias, denuncias, sugerencias, consejos y críticas de instituciones oficiales, representantes políticos, ONGs... Sin embargo, el secretario de Estado primero y después el delegado del Gobierno se olvidaron ayer de informar y detallar en qué consistirán esas reformas en el CETI (más allá de la instalación de los módulos fijos). Tampoco aclararon cuándo se llevarán a cabo ni qué presupuesto se invertirá. Parecen tan perdidos como el director territorial del Ingesa, Francisco Robles, que por fin reconoce que hay que mejorar el Servicio de Urgencias del Comarcal. Ya ha anunciado que tomará medidas, pero de momento sólo ha conseguido concretar “algunas”. Un dilema parecido tiene el consejero de Seguridad Ciudadana, Javier Calderón, que es consciente de que debe hacer reformas en la Jefatura de Policía Local, pero no sabe cuándo comenzarán esas obras ni en qué consistirán.
