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Podemos advierte a Televisión Melilla sobre el Plan de Igualdad

Le recuerda a la empresa pública la obligación de tenerlo si no quiere enfrentarse a sanciones

Unidas Podemos en Melilla advierte a la presidenta de Inmusa (TV Melilla), Elena Fernández Treviño, que la sociedad pública se enfrenta a una multa si carece de un Plan de Igualdad.

Gema Aguilar, secretaria general del partido en la ciudad autónoma, ha recordado que la obligación de tener un Plan de Igualdad data del Real Decreto Ley 6/2019, que establecía un periodo amplio y escalonado para que las empresas se adaptaran, negociaran con los sindicatos y aprobaran el documento. “El pasado 7 de marzo acabó el periodo de adaptación para las empresas de más de 50 empleados. Desde entonces, Televisión Melilla debía tener su Plan de Igualdad vigente. Sin embargo, a menos que lo haya redactado, debatido y aprobado a escondidas, nos tememos que la empresa carece de Plan de Igualdad”, ha lamentado Aguilar.

Desde Unidas Podemos detallan que la empresa pública, controlada por el ala socialista del Gobierno, está abandonada a su suerte. “Es la segunda vez que preguntamos públicamente por el Plan de Igualdad y no se dan por aludidos. Eso solo significa una cosa: lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y evitar la discriminación en la empresa es una cuestión baladí para los socialistas”, critica Aguilar.

La formación lamenta está actitud tan “pasota” del PSOE, puesto que el Plan de Igualdad ayudaría a atajar cualquier posible discriminación por razón de sexo y quedaría clara la tolerancia cero en materia de acoso sexual y por razón de sexo. “Televisión Melilla debería haber dado ejemplo y tener su Plan de Igualdad aprobado en tiempo y forma. Con él, se podrían articular las herramientas necesarias para prevenir casos de acoso en el trabajo. En su lugar, tenemos lo que todo el mundo sabe”, sentencia Aguilar.

La formación reitera, una vez más, que no elaborar un Plan de Igualdad supone una infracción muy grave, una conducta castigada con multas que pueden variar entre los 6.000 y los 187.500 euros. “¿Quién pagará la multa si se pasa por allí la Inspección de Trabajo? ¿La pagará el gerente, Yeray Díaz? ¿La pagará la presidenta, Elena Fernández Treviño? ¿La pagarán los miembros del Consejo de Administración? ¿Quién pagaría? Ya se lo digo yo: pagaríamos los ciudadanos”, ha finalizado Aguilar.

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