El fiscal muestra dudas sobre este testimonio al haber sido “contratados” por la defensa de Tufik M.
En la sesión de la mañana de ayer del juicio por el crimen del pub Angelo se llevaron a cabo las declaraciones periciales. Además de los forenses que trabajan en los Juzgados, declararon dos peritos llamados por la defensa, quienes afirmaron que el acusado, Tufik M., padece “epilepsia”.
Estos dos profesionales son Luis Frontela, catedrático de universidad, médico forense y especialista en cirugía general, y Alfonso Blanco Picabia, catedrático de Psiquiatría.
Ambos destacaron que acudían solicitados por la defensa y que lo hacían “gratuitamente”.
A preguntas del abogado de la defensa, aseguraron que, tras entrevistarse en prisión con el acusado, tuvieron “sospechas” de que padecía “epilepsia”, por lo que solicitaron al juez instructor del caso que se le practicara un encefalograma.
De esta forma, según afirmaron, observaron que “una zona del cerebro no funciona correctamente” y que el inculpado “puede quedarse en blanco, paralizarse”.
De esta forma, el letrado les consultó si esa epilepsia “es grave”. Los peritos señalaron que se encontraba en un nivel que puede calificarse de “medio-alto”.
El disparo
Contra lo que habían afirmado los testigos de la Policía Nacional que intervinieron en el caso, quienes señalaron que el disparo que acabó con la vida de la víctima se produjo después de que el acusado golpeara a ésta en el costado, el perito Luis Frontela afirmó que se había producido “involuntariamente” cuando “retiraba el arma” tras haber tocado al joven que resultaría muerto.
Como ya se ha indicado, antes que estos peritos prestaron declaración dos médicos forenses de los Juzgados. Éstos indicaron que el disparo fue “a boca de fuego” o “a cañón tocante”, lo que se conoce más habitualmente como a quemarropa.
“Pérdida masiva de sangre”
Los forenses subrayaron que el impacto de bala dañó la “aorta torácica”, lo que provocó “una pérdida masiva de sangre que le causó la muerte (a la víctima). El deceso se produjo “a las 4:00 horas” del 24 de enero de 2015.
El fiscal se interesó por el “informe de imputabilidad” del inculpado. Uno de los forenses se entrevistó con Tufik M. el 28 de abril del año pasado y no apreció “alteración mental” en el acusado, según relató a la acusación pública.
“¿Estaba atento a lo que usted le preguntaba?”, le consultó el fiscal, a lo que respondió que sí. “¿Era consciente de lo que hacía?”, continuó la acusación pública, a lo que recibió también un sí por respuesta.
“No ponga en duda mi honorabilidad”
Luis Frontela, uno de los peritos llamados por la defensa, mantuvo un breve rifirrafe con el Ministerio Fiscal durante su declaración. La acusación pública le había preguntado: “¿Usted ha sido contratado por la defensa?”. Frontela reaccionó replicándole: “No dude de mi honorabilidad”. El fiscal aclaró inmediatamente que “jamás” había tenido la intención de “ofender”.
El responsable del ministerio público le preguntó por el contenido de la entrevista que mantuvo con el acusado una vez éste se encontraba en prisión. El fiscal hizo hincapié en la supuesta epilepsia que el perito afirmaba. “Una persona muchas veces no sabe lo que padece”, replicó Frontela. Asimismo, añadió que “desde los ocho años” tenía “convulsiones” y que recibió “tratamiento dos veces por semana”.
Los dos peritos llevados por la defensa señalaron que Tufik M. tiene “una capacidad intelectual inferior a la normal”. “Sabe lo que hace, pero no sabe el significado”, señalaron. Y pusieron como ejemplo que alguien puede “dar una bofetada” a otro, pero “no saber por qué”.
Luis Frontela ha sido llamado como perito a juicios en distintos lugares. Nacido en Melilla en 1941, participó en la investigación de casos como el de las niñas de Alcasser, uno de los crímenes que conmocionó a la sociedad española en la década de los 90. También ha sido requerida su opinión en el caso de la muerte de Marta del Castillo, la joven desaparecida en Sevilla en 2009 cuyo cadáver no ha sido encontrado.
El 8 de enero de 2013, la agencia Efe publicó que Frontela había sido absuelto de falso testimonio en el caso del geriátrico de Reus (Tarragona), donde había sido denunciada la muerte de 18 ancianos por malos tratos.
