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La víctima se acogió ayer a su derecho a no declarar
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La fiscal pidió una orden de tres años de alejamiento
La Fiscalía de Melilla reclamó ayer una pena de un año de prisión para un individuo al que acusó de cometer un delito de violencia de género. Según describió en su escrito, el procesado irrumpió en el establecimiento en el que trabaja su mujer y le dio “dos bofetadas”. Acto seguido, se marchó del lugar, pero más tarde regresó para increpar a la víctima y ocasionar daños en el lugar. Aunque volvió a irse de la tienda, regresó en una tercera ocasión, dando lugar a un forcejeo con la perjudicada, a la que golpeó nuevamente, según la acusación. La fiscal, además de la pena de prisión, solicitó que se impusiera una orden de alejamiento para que el encausado no pueda acercarse a la mujer por un periodo de tres años, tiempo en el que tampoco podría ponerse en contacto con ella.
Estos hechos supuestamente tuvieron lugar el 1 de junio de 2016 en el interior de un establecimiento comercial de la calle General Marina. Los mismos fueron enjuiciados en la mañana de ayer, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla. El procesado se acogió a su derecho a no declarar. Lo único que dijo, respondiendo a su letrado, es que él era el contratante del sistema de seguridad del local.
Dispensa a declarar
La mujer tampoco quiso testificar en la vista en contra de su marido. Es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el que contempla la dispensa de la obligación de declarar contra la persona acusada en los supuestos en los que esta sea familia directa, cónyuge o pareja sentimental.
Aunque no respondió a las preguntas de la Fiscalía, sí contestó a la defensa de su marido. La mujer indicó que entregó las grabaciones de la cámara de su establecimiento a la Policía Nacional después de recibir numerosas llamadas y de que se hubieran personado en su local para pedirle las imágenes. “Me dijeron que, de no entregarlas, me podría ver perjudicada”, sostuvo.
La hermana de la víctima, que sí estaba obligada a declarar la verdad sobre lo que presenció, sostuvo en el juicio que no recordaba nada del día de los hechos. “Ha pasado mucho tiempo”, dijo.
Ayer también testificaron los agentes de la Policía Nacional que intervinieron tras recibir un aviso de la sala. Según expuso el primer funcionario que declaró, se había pulsado el ‘botón del pánico’ de la tienda, por lo que la empresa del seguro dio la alarma.
Según explicó el testigo, desde que recibieron el aviso, tardaron cerca de cuatro o cinco minutos en llegar al establecimiento. El agente aclaró que él no intervino porque se quedó en el vehículo policial, estacionado en doble fila.
Amenazas de muerte
Otro compañero pudo aportar más detalles en la vista. Según dijo, la empresa de seguridad llamó al 091 después de ver, a través de las cámaras de seguridad, que un hombre agredía a una mujer y ocasionaba destrozos en el local. Cuando los policías se personaron, la mujer estaba llorando y muy nerviosa. “Nos dijo que no quería denunciar porque su ex la había amenazado en numerosas ocasiones con que, si lo hacía, la mataría”, expuso.
Según continuó relatando el funcionario, la víctima le había manifestado que tenía miedo del procesado y que ambos se encontraban en trámites de divorcio. Cuando se disponían a abandonar el establecimiento, un familiar de la perjudicada les señaló al encausado, que se disponía a regresar a la tienda. Entonces, se lo llevaron detenido.
A preguntas del letrado de la defensa, el agente aclaró que no pidieron las grabaciones de la cámara de seguridad en el mismo momento porque de eso se encarga la unidad de investigación de la Policía. No obstante, apostilló que fue la propia víctima la que les dijo que todo estaba grabado.
Por otro lado, el funcionario que se encargó de redactar el atestado expuso que, el mismo día de los hechos, el padre de la víctima y ella se personaron en la Jefatura de la Policía Nacional. “El hombre nos dijo que tenía conocimiento de lo ocurrido, pero no que no podía denunciar, ni tampoco su hija, por miedo a su yerno”, sostuvo el agente. El mismo afirmó que, al cabo de trece días, la mujer acudió a comisaría y entregó la grabación de las cámaras de seguridad. “Las trajo de manera voluntaria”, incidió.
Al finalizar las declaraciones, la fiscal solicitó el dictado de una sentencia condenatoria para el acusado. A su parecer, los hechos habían quedado suficientemente acreditados a través de los testimonios de los policías. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución de su representado y pidió que la grabación de las cámaras de seguridad no se aceptasen como prueba porque, según alegó, las imágenes podrían haber sido manipuladas.
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal 2 tendrá que decidir.
