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Pedirán responsabilidades patrimoniales al Ejecutivo anterior por la cesión de trabajadores

El vicepresidente segundo del Gobierno informa de que 52 personas han denunciado a la Ciudad

La Ciudad pedirá responsabilidades patrimoniales al anterior Ejecutivo de Juan José Imbroda por el pago de un millón de euros a un despacho de abogados y por las sentencias que condenan a la Ciudad por cesión ilegal de trabajadores.

Así lo informa el vicepresidente segundo del Gobierno de la Ciudad y consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, quien comunica que hay 52 casos por cesión ilegal de trabajadores.

En este sentido, dijo que este tema ya se llevó al Consejo de Gobierno, ahora abrirán un expediente “y vamos a ver esas responsabilidades por parte del Ejecutivo anterior”.

Mohatar cree que el anterior presidente de la Ciudad debe dar explicaciones “y lo vamos a pedir también, porque todo su gabinete de libre designación ha denunciado a la Ciudad por cesión ilegal de trabajadores”, dijo.

A juicio de Mohatar, “es una auténtica vergüenza” que el PP hable de transparencia “cuando ellos mismos han denunciado a la Ciudad para entrar por la puerta de atrás, para ser fijo”, dijo en rueda de prensa.

Y agrega que entre dos personas del Ejecutivo anterior, por sentencias, se les debe pagar de las arcas públicas 180.000 euros como indemnización o readmitirlos. Por ello cree que Imbroda debe dar explicaciones. Y subraya que eran personas de máxima confianza del Ejecutivo.

Reitera que hay 52 personas que han denunciado a la Ciudad por cesión ilegal, dentro de los que también hay policías locales “que no tenían que haber entrado”.

Mohatar menciona que “casi prácticamente todos los que han trabajado para el Gobierno anterior como libre designación han denunciado a la Ciudad”, tanto de la Consejería de Cultura, Educación, Protocolo, entre otras áreas.

El consejero pide explicaciones al PP, como anterior Ejecutivo, al basándose en que es dinero público. “Llevamos pagado 52 cesiones ilegales de trabajadores y se ha pagado a un gabinete jurídico un millón de euros por una mala praxis del Gobierno anterior.

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