El Pleno de la Asamblea aprobó ayer, con los votos de PP y PPL, el pago de 689 facturas atrasadas a proveedores de la Ciudad Autónoma.
La deuda asciende a cerca de 2,1 millones de euros y su abono será, desde luego, un balón de oxígeno para el empresariado local. En 2012, cuando muchos comercios bajaban la persiana en la península, ahogados por la morosidad de las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, el Gobierno de Melilla optó por no solicitar los préstamos que en aquel momento empezó a facilitar el ICO a las instituciones para abonar esas deudas con los proveedores. Sorprendía entonces que el Ejecutivo local no pidiera las ayudas que puso a disposición de todos el Ministerio de Hacienda. La razón, muy sencilla. La Ciudad había hecho sus deberes y tenía las cuentas saneadas. Un año más tarde, en 2013, el Gobierno de Imbroda volvió a negarse a recurrir al plan de pago a proveedores que anunció el ministro Montoro. El motivo, el mismo: las cuentas de Melilla estaban bastante saneadas y por entonces, el jefe del Gobierno de la ciudad explicaba que la deuda de las arcas municipales era baja y que las cuentas estaban saneadas. Por aquel entonces la deuda de Melilla ascendía a 113 millones de euros mientras que la de Ceuta alcanzaba los 269 millones. En 2013 Melilla tenía en el cajón facturas de finales de 2012 que ascendían a 1,5 millones de euros y que el presidente aseguró que se abonarían, como se venía haciendo por entonces, en “plazos muy sensatos”. Ese mismo año, el INE certificaba la baja morosidad de la Administración local al colocar a Melilla entre las cinco autonomías que menos tardaban en pagar sus deudas. La ciudad acometía los pagos en 66 días. Evidentemente esos más de dos meses que se tardaba en abonar las deudas con los proveedores locales estaban por encima del límite legal (30 días) aunque más de un autónomo habría firmado para conseguir que las administraciones les ingresaran sus servicios en un plazo parecido. El año pasado la Ciudad ya tenía implantado el Registro único de facturas y se había adherido al sistema para pagos a proveedores con factura electrónica. Quiere esto decir que la medida aprobada ayer por la Asamblea caerá como agua de mayo entre los proveedores de la Ciudad Autónoma, que cobrarán esas 684 facturas atrasadas y viene a certificar la línea que en los años más duros de la peor crisis económica que ha vivido nuestro país ha seguido el Gobierno local.
