El cese de la exdirectora del Servicio Público de Empleo, Esther Azancot, se ha convertido en una polémica entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad. Por un lado, el presidente del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, anunciaba que se estaba estudiando denunciar al Estado al órgano competente por hacer esta destitución sin tener en cuenta la opinión del Gobierno melillense. Alegaba que hay un acuerdo entre administraciones por el que la Ciudad cuenta para nombrar y cesar a los representantes de Empleo y del Imserso. Pero la delegada del Ejecutivo central en Melilla, Sabrina Moh, anunciaba que lo que diga la Ciudad “no es vinculante” y que son los ministros los que tienen las competencias de nombrar a estos representantes.
Moh también comentó que se había cesado a Azancot por diferentes razones y que aún no tienen a ningún candidato cerrado para ocupar este puesto.
La delegada del Gobierno lamentó que Imbroda haya decidido denunciar este asunto, ya que aseguró que contaba con dos sentencias de la Audiencia Nacional favorables a las decisiones de esta institución en el año 2012.
Moh explicó que en aquel año la Ciudad denunció que se había nombrado a Joaquín Arana para el Servicio Público de Empleo y a Francisca Coll en el Imserso sin que se contara con su opinión.
Según la delegada del Ejecutivo central, en las dos denuncias la Audiencia Nacional falla a favor de esta entidad afirmando que se tiene que escuchar a la Administración local y ver sus propuestas pero que éstas no son vinculantes. En estos fallos del tribunal se indica que la competencia es de cada ministro, añadió.
Asimismo, Moh subrayó que antes de cesar a Azancot se consultó con la Abogacía del Estado sobre si era posible o no tomar esta decisión y se recibió una respuesta afirmativa y apuntó que se contaba con sentencias favorables a que es la Delegación del Gobierno quien nombra a estos responsables en Empleo e Imserso.
Sin embargo, la postura de la Ciudad ante este caso es completamente diferente a la de la Delegación. Imbroda resaltó esta semana que hay un acuerdo de 2007 entre el ministro de Administraciones Públicas de aquel año, Jordi Sevilla, y la Ciudad para promocionar el autogobierno y en el que se indica que el Gobierno local participará de forma “decisiva” en el nombramiento y cese de los cargos relacionados con Empleo, el Imserso y la Residencia de Mayores. Para el presidente, la Ciudad no sólo tiene voz, sino también voto en este asunto.
