Amnistía Internacional (AI) y la red católica Migrantes con Derechos han pedido hoy en el Congreso de los Diputados que se derogue la regulación de las devoluciones en caliente de la ley de seguridad ciudadana, por considerar que da cobertura legal a una práctica ilegal.
En su comparecencia ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha criticado que la disposición primera de la citada ley orgánica, conocida como ley mordaza, intenta dar cobertura legal a prácticas prohibidas: expulsiones de migrantes colectivas y sumarias sin garantías.
Beltrán ha insistido en que las devoluciones en caliente violan los estándares internacionales de derechos y que hacen que muchos migrantes sean sometidos a tortura y a tratos "crueles, inhumanos y degradantes" cuando son devueltos a Marruecos.
También han comparecido en la Comisión los miembros de la red católica Migrantes con Derechos Josep Buades y María Segurado, quienes han rechazado las "devoluciones sumarias" de inmigrantes y han exigido que se derogue la disposición que establece un régimen especial de rechazo en la frontera de Ceuta y Melilla.
Tras hacer hincapié en que el Estado es competente para controlar y vigilar sus fronteras y valorar el trabajo de las fuerzas de seguridad, Segurado ha sostenido que "la realidad habla" de que los rechazos en frontera ponen en riesgo la protección de la dignidad de los seres humanos.
Ambos comparecientes han insistido en la necesidad urgente de que se cumplan las garantías previstas en cualquier procedimiento de devolución, de modo que se identifique a cada persona y se establezcan mecanismos para detectar si hay menores, además de verificar las circunstancias personales.
"No estamos diciendo que no haya que hacer un proceso de devolución, estamos diciendo que hay que hacer una identificación, un procedimiento de devolución cuando esto sea lo que la ley establece, pero con garantías", ha aseverado Segurado.
La red defiende un modelo de gestión de fronteras que "vaya más allá" de un enfoque centrado exclusivamente en la seguridad y comprometido con el respeto a la vida, la integridad personal y los derechos humanos, y considera que la Ley de Extranjería ya establecía un "procedimiento de devolución adecuado".
"Detrás de nuestras palabras hay vidas, hay vidas que merecen una consideración y hay una labor legislativa importantísima y está en su mano el protegernos mejor", ha concluido Buades.
Desde AI también se ha solicitado una reforma en profundidad de otros aspectos de la ley de seguridad ciudadana, en especial que se deroguen los artículos que, a su juicio, limitan el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.
Beltrán ha afirmado que a AI le preocupa que la citada ley haya ampliado la potestad sancionadora de la administración -desde su aprobación, se han recaudado casi 25 millones de euros sólo por la aplicación de dos artículos- y que pueda haber aumentado los "comportamientos abusivos" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Asimismo ha pedido que en su reforma se articulen mecanismos independientes y exhaustivos de supervisión de las fuerzas de seguridad.
