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Desde el Defensor del pueblo piden un protocolo especial para prevenir este tipo de agresiones en Melilla
Entre enero de 2016 y mayo de 2017 se denunciaron ocho casos de violencia de género en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla. Así se recoge en el último informe del Defensor del Pueblo, en el que se apunta que en siete de estos casos tanto el agresor como la víctima eran residentes en el centro. La autoridad judicial acordó medidas de alejamiento para cuatro de ellos y el los otros cuatro la víctima retiró la denuncia. Desde esta institución se apunta que aunque se valoran las medidas adoptadas por la Administración para la prevención de la violencia sexual en las instalaciones, se sigue considerando que habría sido más efectiva la implantación de un protocolo específico para luchar contra este tipo de agresiones dentro del CETI.
El Defensor del Pueblo apunta que durante las visitas realizadas alas instalaciones se constataron dificultes en la convivencia de personas extranjeras de distintas edades y procedencia. A juicio de esta institución, la posibilidad de que estas circunstancias se produzcan situaciones de violencia sexual y por motivos de violencia de género, justifica la adopción de medidas preventivas. De la misma manera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) propone la elaboración con carácter urgente de un protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual en el CETI de Melilla. Desde la Secretaría General de Inmigración y Emigración se explica que no se ha adoptado un protocolo exclusivo para nuestra ciudad, pero sí se ha aumentado el equipo de profesionales y se han incrementado las acciones de prevención, información, sensibilización y actuación en relación a este tipo de violencia.
Po otro lado, en el mismo informe se hace referencia a la situación del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales). Indica que se han recibido varias quejas en las que se relataba su situación en los CETI y en muchas ocasiones iba acompañada de documentación acreditativa de haber sufrido lesiones o de haber denunciado agresiones. En este sentido, desde el Defensor del pueblo se ha hecho una recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración para que se priorice el traslado a la península, tras realizar la correspondiente evaluación individualizada, para garantizar sus necesidades particulares de acogida.
