“No siento alegría al sentar en el banquillo de los acusados a mis compañeros”

• La Asociación Libre de Abogados (acusación popular) asegura que hay que “mantener la responsabilidad”

El representante de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que ha ejercido de acusación popular en el ‘caso Abogados’, dijo ayer que no siente alegría al sentar en el banquillo de los acusados a sus compañeros, refiriéndose así a los letrados que supuestamente han sido contratados de forma irregular por parte de la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente de la misma María Antonia Garbín. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación creen probado que además de llevar a cabo un fraccionamiento de contratos, se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia.
El portavoz de la ALA dijo que el hecho de que haya llevado en solitario la acusación no ha sido por algún interés en particular, sino porque cree que hay que “mantener la responsablidad”. “No se puede pedir una condena para la exconsejera y los funcionarios y no para mis compañeros (los abogados investigados)”, señaló.
Además, dijo que el argumento de que hubiese un “gran volumen” de trabajo en la Consejería de Bienestar Social no concuerda con que los mismos letrados que se emplearon para reducir las tareas, seguían al frente de sus despachos particulares.
El representante de la ALA lamentó que antes de denunciar el caso, sólo encontrase “silencio” por parte de la Ciudad Autónoma. “Sólo ponían trabas”, expresó.
Según afirmó, no hay que ser un experto en derecho para comprender que se cometió una irregularidad. “Cualquier persona puede comprender la ilegalidad de la función”, aseveró. Además, consideró que aunque el fin sea “bueno”, uno no se puede “saltar la ley”.

Penas
La Fiscalía y la acusación popular ratificaron ayer su petición de penas para los acusados. En este sentido, solicitan que se le impongan diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a María Antonia Garbín. Para los ocho funcionarios de la Ciudad que han sido inculpados pide la misma pena de inhabilitación, pero durante nueve años, en lugar de diez.
Aparte, la acusación popular reclama que se condene a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público a los cuatro letrados supuestamente contratados de forma irregular. El Ministerio Fiscal, sin embargo, no ve delito en la conducta de los abogados.

Funcionarios
La inhabilitación afecta a los cargos desempeñados dentro de la Consejería de Bienestar Social o análogos, pero la fiscal aseguró que no le impediría a ninguno de los acusados conservar su condición de funcionario.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación creen probado que existió prevaricación y que, además de llevar a cabo un fraccionamiento de contratos, se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia.
La fiscal apuntó que todos los acusados se han puesto de acuerdo para contar “una misma versión de los hechos”.
Por su parte, las defensas pidieron que se condene a la acusación popular al pago de las costas procesales. Hoy, a partir de las 10:00 horas, comenzarán los alegatos finales de las partes en el ‘caso Abogados’.