La propuesta de instalar cámaras de videovigilancia en las escuelas infantiles públicas de Melilla ha reavivado el debate sobre la seguridad, la privacidad y los derechos fundamentales en el entorno educativo. A raíz de la preocupación manifestada por un grupo de familias, que solicitan este sistema como medida preventiva frente a posibles casos de maltrato, la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma ha iniciado un proceso de análisis jurídico para valorar la viabilidad legal y ética de esta petición.
El consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, ha declarado a El Faro de Melilla que reconoce la legitimidad de las preocupaciones de los padres, pero ha advertido al mismo tiempo que cualquier medida debe ajustarse rigurosamente al marco normativo. “Lo que no se puede hacer es vulnerar normativas y derechos, ni de los niños, ni de los trabajadores y trabajadoras de los centros de educación infantil”, ha afirmado.
Límites legales
La iniciativa de las familias surge como reacción a recientes noticias sobre presuntos casos de malos tratos en escuelas infantiles de otras regiones de España. Aunque se trata de hechos aislados y estadísticamente poco representativos, han generado inquietud entre padres melillenses, quienes piden mecanismos de vigilancia que permitan supervisar lo que ocurre en el interior de los centros.
Miguel Ángel Fernández no cuestiona la buena intención de esta petición. “Me parece legítimo que las familias velen por la seguridad de los niños”, ha señalado. Sin embargo, ha explicado que la instalación de cámaras implica muchas aristas y factores que deben ser cuidadosamente considerados, particularmente desde el punto de vista jurídico y de protección de datos.
La Consejería ha encargado al departamento jurídico un estudio detallado para determinar si esta medida puede llevarse a cabo sin vulnerar la legislación vigente. La protección de la intimidad de los menores y el respeto a los derechos laborales del personal educativo son elementos clave en este análisis.
Protección de datos y derechos fundamentales
Uno de los principales obstáculos para la instalación de cámaras en escuelas infantiles tiene que ver con la normativa sobre protección de datos y derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece límites muy claros al uso de sistemas de videovigilancia en espacios donde se encuentran personas vulnerables o en los que la privacidad debe estar especialmente garantizada.
“El derecho a la protección del menor está por encima de cualquier otro derecho ”, ha asegurado Fernández. “Entonces, pues hay que ver en qué punto están las normativas y hasta qué punto se puede llegar”, comentó el consejero.
Además, la instalación de cámaras también podría afectar a los trabajadores de las escuelas infantiles. “No se trata solo de los derechos de los niños, también debemos proteger los derechos de quienes trabajan con ellos cada día”, subrayó Fernández. En este sentido, cualquier sistema de vigilancia permanente podría considerarse una intromisión en la intimidad laboral o incluso una forma de presión sobre el personal.
Postura del personal educativo
A esta complejidad se suma la postura del colectivo de trabajadores de las escuelas infantiles, que se ha manifestado abiertamente en contra de la instalación de cámaras. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, los empleados consideran que esta medida generaría un ambiente de desconfianza y vigilancia que perjudicaría el desarrollo de su labor pedagógica.
Los profesionales de la educación infantil advierten que la presencia de cámaras podría alterar la relación con los niños, hacer más rígida la dinámica del aula y generar malentendidos o denuncias infundadas, basadas en interpretaciones parciales de lo que muestran las grabaciones. También recuerdan que ya existen protocolos internos, visitas de inspección y mecanismos de evaluación continua que garantizan la calidad y seguridad en los centros.
Desde su punto de vista, la confianza y el diálogo entre familias y educadores es el camino más adecuado para reforzar la seguridad infantil y no una medida que, a su juicio, puede romper el clima de respeto y cooperación necesario en estos espacios.
Alarma mediática
Otro aspecto destacado por Fernández ha sido el impacto que los casos mediáticos tienen en la percepción de seguridad de las familias. “Esto suele pasar cada equis tiempo, es verdad”, dijo. “Afortunadamente ha sido un caso en toda España, que si tenemos en cuenta las probabilidades y las estadísticas, es algo nimio. Pero es verdad que cuando sale esto a la luz pública, pues se genera esta alarma”.
El consejero ha hecho un llamamiento para actuar con “los pies en la tierra, con sensatez y sobre todo con respaldo jurídico”. Ha reconocido que es normal que los padres se preocupen, pero ha insistido en que las decisiones no deben tomarse de forma precipitada ni bajo el efecto de la alarma mediática. La prioridad, dijo, debe ser siempre el bienestar de los niños, pero sin comprometer derechos fundamentales ni la calidad del entorno educativo.
El estudio del departamento jurídico de la Consejería sigue en curso y, según ha declarado Fernández, cualquier resolución se tomará con el máximo rigor legal y ético. La decisión final deberá equilibrar el derecho de los padres a estar informados y tranquilos con la necesidad de proteger los espacios educativos como entornos seguros, respetuosos y libres de vigilancia excesiva.
“Vamos a tomar la medida que nosotros veamos más correcta, pero siempre haciendo prevalecer los derechos del menor y de la protección de sus datos”, ha concluido el consejero.
El debate está abierto y no parece que tenga una solución inmediata. No obstante, la Consejería de Educación de Melilla dice querer actuar con cautela, legalidad y responsabilidad, escuchando a todas las partes y sin perder de vista el objetivo principal: garantizar el bienestar de los más pequeños sin socavar los principios fundamentales del sistema educativo.
