La sede de la UNED Melilla acogió este lunes 17 de febrero, a las 17:30 horas, en el Aula 10, la conferencia titulada «Ley sobre el desperdicio alimentario: nuevos retos, obligaciones y oportunidades en la gestión empresarial». La sesión reunió a responsables institucionales y representantes del tercer sector para analizar el alcance de la nueva normativa estatal sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuya aplicación efectiva comenzará el próximo mes de abril.
El acto contó con la participación de Pedro Paredes, director del Banco de Alimentos de Melilla; Isabel Bassets, responsable del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno; y José Manuel Marco, vinculado al proyecto Plan B de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Los tres ponentes han coincidido en subrayar que la ley no solo impone obligaciones, sino que abre una ventana de oportunidad para empresas, entidades sociales y consumidores.
Pedro Paredes ha calificado la Ley 1/2025 sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario como “fundamental”, recordando que fue aprobada en primavera del pasado año y que entrará en vigor el 2 de abril. Desde la perspectiva del Banco de Alimentos, ha resumido su impacto en tres ejes.
En primer lugar, la recuperación de alimentos aptos para el consumo humano para destinarlos a familias vulnerables. En segundo término, la contribución a una sociedad más sostenible en el uso de los recursos naturales. Y, en tercer lugar, la posibilidad de que las empresas locales puedan recuperar parte de los costes económicos asociados a sus excedentes mediante donaciones, gracias a las desgravaciones fiscales derivadas del reconocimiento del Banco de Alimentos como entidad de utilidad pública.
Paredes insistió en que la donación es gratuita y que la entidad se encarga de la recogida y distribución, garantizando que los productos, siempre dentro de la fecha de consumo preferente o caducidad y en condiciones adecuadas, lleguen a las personas necesitadas. “Es una solución muy sencilla”, defendió.
En relación con la acogida de la ley en el ámbito empresarial melillense, el director del Banco de Alimentos señaló que las grandes superficies y cadenas de distribución de la ciudad ya conocen la normativa y han ido adaptando sus procesos con antelación. Actualmente, la entidad mantiene colaboración periódica con aproximadamente seis empresas, algunas con donaciones diarias y otras con mayor intervalo temporal.
Gracias a estas aportaciones, el Banco puede confeccionar lotes de emergencia y cestas más completas y nutritivas, complementando los productos no perecederos con alimentos frescos de “perfectísima calidad”. Paredes ha reconocido, no obstante, que existen otras empresas que aún desconocen el alcance de la ley o muestran reticencias ante una nueva obligación normativa.
Paredes también explicó que el Banco de Alimentos de Melilla se encuentra en contacto con otros bancos cercanos, como los de Banco de Alimentos de Málaga y Banco de Alimentos de Almería, para gestionar posibles excedentes industriales del sector primario, especialmente productos hortofrutícolas. La coordinación permitiría redistribuir excedentes procedentes de cultivos bajo plástico u otras producciones que no encuentren salida comercial.
En cuanto a la preparación logística ante un previsible incremento de donaciones, aseguró que la entidad está preparada. El traslado a una nave de mayor capacidad, la disposición de dos cámaras frigoríficas y congeladores, así como dos vehículos para la recogida de excedentes, permiten afrontar esta nueva etapa con garantías. Además, las entidades colaboradoras están formadas en seguridad alimentaria, asegurando que todos los eslabones de la cadena funcionen correctamente.
Por su parte, Isabel Bassets centró su intervención en explicar el contenido técnico de la norma. La ley será de aplicación, entre otros supuestos, a empresas con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados o con más de diez trabajadores. También contempla criterios vinculados al volumen de negocio, quedando exentas determinadas empresas con facturación inferior a cinco o dos millones de euros, según los casos.
El núcleo de la norma se encuentra en el artículo 6, que establece obligaciones concretas. Las empresas afectadas deberán contar con un plan de prevención de pérdidas, en el que detallen su sistema de gestión, compras y medidas de ajuste para minimizar excedentes. Asimismo, deberán definir el destino de los alimentos susceptibles de transformación y cumplir una jerarquía de prioridades.
Esa jerarquía establece que, ante excedentes, la primera opción debe ser la donación para consumo humano. Si no fuera posible, se destinarán a consumo animal; y, en última instancia, a otros usos industriales o al compostaje. Además, las empresas deberán formalizar por escrito acuerdos de donación con entidades receptoras, especificando periodicidad, tipo de productos, condiciones de recogida y mantenimiento de la cadena de frío.
El incumplimiento puede acarrear sanciones que oscilan desde apercibimientos o multas de 2.000 euros hasta 500.000 euros, en función de la gravedad.
Bassets aportó también cifras de ámbito nacional. En 2024, en España se desperdiciaron 1.125 millones de kilos de alimentos entre hogares y fuera del hogar. De esa cifra, 1.097 millones correspondieron a desperdicio doméstico, principalmente productos adquiridos que terminaron directamente en la basura.
No obstante, los datos reflejan una tendencia descendente: un 4 % menos en hogares y cerca de un 8 % en empresas respecto al año anterior. En los últimos cinco años, las campañas de sensibilización han contribuido a reducir de forma significativa el desperdicio, con una disminución acumulada de 250.000 kilos en hogares.
Para la responsable de Agricultura y Pesca, estos datos evidencian que la ley nace en un contexto de mejora, pero que es necesario consolidar los avances mediante planes de prevención y acuerdos de donación obligatorios, priorizando siempre el consumo humano.
Finalmente, José Manuel Marco presentó el proyecto Plan B, impulsado por la Federación Española de Bancos de Alimentos. Se trata de una herramienta diseñada para ayudar a los donantes a cumplir la ley, especialmente en materia de trazabilidad.
La normativa exige conocer en todo momento el destino del alimento donado. La plataforma permite registrar y cuantificar los productos, garantizar el seguimiento hasta su entrega final y elaborar informes, incluyendo el ahorro en emisiones de carbono derivado de evitar que esos alimentos terminen como residuo. Este aspecto resulta relevante para las empresas que deben presentar memorias medioambientales anuales.
Marco recordó que en países como Francia este tipo de legislación lleva una década en vigor, con un incremento significativo de las donaciones. En España, el artículo 6 entrará en vigor el 2 de abril, lo que previsiblemente supondrá un impulso decisivo.
La conferencia concluyó con un mensaje compartido: el alimento más caro es el que se tira. La nueva ley, defendieron los ponentes, no solo impone obligaciones, sino que ofrece una oportunidad para reforzar la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial y la solidaridad en Melilla.
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