"¿Cuántos pacientes más tienen que morir antes de que el Gobierno financie la Ley ELA?", se pregunta la senadora del PP de Melilla, Isabel Moreno. La dirigente popular ha informado de que este ha sido uno de los temas que se ha tratado en la reunión que ha mantenido esta semana con la nueva vicesecretaria de Políticas Sociales y Sanidad, Carmen Fúnez, un encuentro que, según explica, ha servido para abordar “los grandes desafíos a los que nos enfrentamos” en ambos ámbitos.
La senadora recuerda que esta ley -la Ley ELA (Ley para la Atención Integral a las Personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica)- fue aprobada por unanimidad el año pasado y condena que todavía siga “sin la financiación suficiente”, algo que, a su juicio, pone de manifiesto la dejación de funciones del Gobierno central. “Desde entonces, más de 700 personas han fallecido esperando la ayuda prometida. ¿Qué clase de Gobierno permite esto? Evidentemente, uno indecente. El Gobierno de los bulos y los prostíbulos. Un Gobierno asediado por la corrupción”, asegura.
“El Gobierno ha anunciado apenas 10 millones de euros como un parche temporal, pero eso no llega ni al 5 por ciento de lo que sería necesario. Mientras tanto, la ministra de Sanidad frivoliza con este tema y sigue en su cargo. Las familias lo están pagando de su bolsillo, las que pueden. Hablamos de costes de hasta 100.000 euros al año por paciente”, matiza.
Moreno reprocha al Ejecutivo de Sánchez que haya abandonado la esencia de las políticas sociales así como a los territorios más sensibles, que dependen directamente de su gestión por una cuestión de competencias, como son los casos de Melilla y Ceuta. “Las dos ciudades autónomas, nuestras dos ciudades, viven esta realidad aún con más dureza, puesto que aquí la situación sanitaria y social es límite. Tenemos la menor ratio de médico por paciente de Europa y la mayor tasa de mortalidad de España. Seguimos sin incentivos para la atracción de médicos tras más de dos años de aprobar el Real Decreto de difícil cobertura. Y, lamentablemente, los melillenses deben esperar más de dos años para la obtención de una resolución de discapacidad”, señala la senadora.
Teniendo en cuenta este escenario, la dirigente popular sostiene que el Estado debería estar a la altura y adoptar una postura y una posición más “urgente, firme y real”, escuchando al tercer sector, “a todas las entidades sociales que realizan una labor encomiable”. Sin embargo, esto no es así y deja claro que será un gobierno del Partido Popular, liderado por Feijóo, el que asuma este compromiso y revierta la situación actual.
“Decirles que desde el Partido Popular no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir exigiendo que se financie la Ley ELA, que las políticas sociales sean una prioridad, que los tiempos de dependencia no superen los dos años como ocurre actualmente. Especialmente grave en el caso de menores. Y, por supuesto, vamos a reivindicar que se dignifique la Sanidad, especialmente en los territorios en los que se producen una desigualdad y una injusticia territorial por el abandono imperdonable y negligente de la ministra de Sanidad y de la delegada del Gobierno”, asevera Moreno, que defiende que “la dignidad de una persona no puede depender de los tiempos de la burocracia ni de la falta de voluntad política”.
