La Fiscalía le reclama ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa
El juicio por el ‘caso Arquitecto’ dará comienzo en enero de 2018. El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla será el encargado de llevar esta causa, en la que Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria, ex vicepresidente primero de la Ciudad y ex consejero de Administraciones Públicas, aparece como único acusado.
En el auto dictado por el Juzgado de lo Penal número 1, al que ha tenido acceso El Faro, se fija el inicio de las sesiones del juicio oral para el día 16, a las 10:00 horas.
La Fiscalía le reclama en su escrito de acusación la pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y para participar en procesos de sufragio pasivo, es decir, para ser candidato en unas elecciones. La pena que le pide ha sido rebajada, ya que inicialmente solicitaba once años de inhabilitación.
A juicio del Ministerio Público, Marín podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa. Según la definición que ofrece la Real Academia Española (RAE), la prevaricación es el delito consistente en que “una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.
Esta supuesta prevaricación administrativa se habría efectuado al contratar a un arquitecto en la Consejería de Fomento sin respetar el procedimiento que establece el reglamento. Los hechos llevados a juicio corresponden a julio y agosto del año 2007.
Según el auto de acusación de la Fiscalía, Marín trató de “mantener el puesto de trabajo” de un arquitecto al que se contrató de forma temporal.
La acusación sostiene que lo que el exvicepresidente primero de la Ciudad hizo fue concretar la extinción del primero de los contratos, realizado para cubrir una baja, para, un día más tarde, realizar otro contrato con el fin de cubrir la jubilación de un arquitecto.
Incumplimiento “grotesco”
El auto de acusación del Ministerio Fiscal señala que la contratación del arquitecto en cuestión se hizo llevando a cabo un incumplimiento “grotesco” de la normativa aplicable al respecto. En concreto, hace referencia al artículo 9.1 de la orden 24/05/2005.
En lo que hace hincapié la Fiscalía de Melilla con el auto de acusación hacia el ex consejero de Administraciones Públicas es en que el arquitecto y la Administración rescindieron un contrato temporal de mutuo acuerdo para, al día siguiente, contratar a la misma persona para ocupar un puesto que se había quedado vacante por jubilación del anterior empleado.
Manos Limpias y CPM
Además de la Fiscalía, en este procedimiento están personados Manos Limpias, Coalición por Melilla (CpM) y Dionisio Muñoz Pérez, ex secretario general del PSOE en Melilla. La letrada María José Aguilar Silvetti será la responsable de defender al actual presidente de la Autoridad Portuaria en esta causa.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla inicialmente también estaba personado como acusación particular en el ‘caso Arquitecto’. Sin embargo, en septiembre de 2016 decidió retirarse del procedimiento.
Miguel Marín ha manifestado en varias ocasiones a los medios de comunicación que se siente tranquilo y que no considera que haya cometido ninguna infracción, a pesar de la acusación por el presunto delito de prevaricación administrativa.
