La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no es solo una nueva figura urbanística o una medida medioambiental más. Es un mandato legal con implicaciones directas en la vida cotidiana de decenas de ciudades españolas, incluida Melilla, que está obligada por ley a establecerla por contar con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, y como ha adelantado el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, la implantación en la ciudad será lo menos traumática posible para la ciudadanía. Tal como recoge El Faro de Melilla en el artículo “El Gobierno local flexibilizará al máximo la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones”, el Ejecutivo melillense plantea una puesta en marcha progresiva y adaptada a las particularidades locales, dentro del marco que permite la legislación nacional.
La Zona de Bajas Emisiones es una herramienta recogida en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Su definición técnica, respaldada también por el Real Decreto 1052/2022, establece que se trata de un ámbito continuo delimitado por una administración pública en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se utiliza como criterio la clasificación ambiental de los vehículos, determinada por la Dirección General de Tráfico.
En la práctica, la ZBE es una zona concreta del entramado urbano —normalmente en el centro o en zonas de alta densidad de tráfico— en la que se prohíbe o limita el paso de los vehículos más contaminantes, aquellos que no cuentan con etiqueta ambiental, y progresivamente también los que poseen distintivos B y C. El objetivo prioritario es reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión y gases de efecto invernadero, cuya procedencia en gran medida se atribuye al transporte por carretera. Además, se busca reducir la contaminación acústica, mejorar la seguridad vial y liberar espacio urbano para otros usos como la movilidad peatonal o los carriles bici.
En el caso de Melilla, la normativa estatal es clara: la ciudad debe implantar su ZBE conforme al artículo 14.3 de la Ley 7/2021, al igual que cualquier otro municipio español con más de 50.000 habitantes o aquellos de más de 20.000 que superen los valores límite de calidad del aire. El plazo para contar con un plan de movilidad urbana sostenible que incluya esta medida vencía en 2023, y aunque muchas ciudades aún están en proceso de adaptación, el marco legal ya está definido.
El Real Decreto 1052/2022 especifica los requisitos mínimos que deben cumplir las Zonas de Bajas Emisiones: delimitación geográfica clara, objetivos cuantificables de mejora ambiental, regulación precisa de accesos y excepciones, y mecanismos de control automatizado a través de cámaras. También obliga a establecer procesos de participación pública, análisis del impacto socioeconómico y medidas complementarias que faciliten el cumplimiento de la normativa por parte de la ciudadanía. No se trata únicamente de establecer sanciones, sino de promover una transición sostenible en los hábitos de movilidad.
En Melilla, el reglamento para la creación de la ZBE ya fue aprobado en sesión plenaria, pero se encuentra en fase de revisión tras las alegaciones presentadas por la Confederación de Empresarios de Melilla y la Mesa de la Movilidad. Ambas entidades han expresado inquietudes sobre algunos aspectos del diseño inicial y han solicitado ajustes antes de su entrada en vigor definitiva. Según ha declarado el Gobierno local, estas propuestas están siendo analizadas con atención para incorporar todas las mejoras posibles sin vulnerar el marco legal existente.
Mientras se resuelven estas alegaciones, la ciudad avanza en la implementación técnica del sistema que permitirá el control de accesos. Está previsto que se instalen cámaras en los puntos de entrada a la ZBE, las cuales verificarán automáticamente si los vehículos cuentan con el distintivo ambiental requerido para circular por la zona. Además, se pondrá en marcha un régimen de autorizaciones para residentes, personas con movilidad reducida y otros colectivos con necesidades específicas. Uno de los aspectos más innovadores del modelo melillense es la creación de una “zona naranja” de aparcamiento gratuito y rotatorio en el perímetro de la ZBE. Esta medida busca permitir que quienes accedan en coche al centro lo hagan sin coste añadido, pero respetando un tiempo máximo de estacionamiento para evitar la congestión y favorecer la rotación.
Desde la reforma de la Ley de Tráfico en 2022, acceder sin permiso a una ZBE está considerado como una infracción grave, sancionable con una multa de hasta 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Cada ciudad puede establecer su propio régimen sancionador, así como moratorias o periodos de adaptación, una posibilidad que Melilla parece dispuesta a aprovechar al máximo. La filosofía del Ejecutivo local es que el cumplimiento no se base en la imposición sino en el acompañamiento, facilitando que la población se adapte sin verse penalizada de forma abrupta.
La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones representa un cambio de paradigma en la manera en que las ciudades abordan la movilidad urbana. Frente al modelo tradicional centrado en el coche privado, la ZBE impulsa una visión más sostenible, en la que se prioriza la calidad del aire, la salud pública y el espacio para el peatón. Aunque su aplicación ha despertado cierta polémica en algunos municipios, también está generando nuevas oportunidades para repensar el diseño urbano y mejorar la calidad de vida en los entornos más habitados.
Melilla, como otras muchas ciudades españolas, se encuentra ahora en ese punto de equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la adaptación a sus particularidades. El enfoque anunciado por el Gobierno local no niega la necesidad de actuar frente al cambio climático, pero sí apuesta por una transición progresiva que tenga en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de la ciudad. Esta estrategia también pretende garantizar que los ciudadanos no perciban la ZBE como una carga, sino como una oportunidad para evolucionar hacia una ciudad más sostenible.
La percepción ciudadana jugará un papel clave en el éxito de la medida. Que la ZBE sea vista como una barrera más o como una oportunidad dependerá en gran parte de cómo se comunique, se gestione y se acompañe el proceso desde las instituciones. En este sentido, la transparencia, la participación y el compromiso político serán determinantes. Si los mensajes institucionales son claros y las acciones se traducen en beneficios tangibles para el conjunto de la población, será más fácil que se consolide el cambio cultural necesario para que la movilidad urbana en Melilla avance hacia un modelo más limpio, seguro y respetuoso con el medioambiente.
Mientras la planta de ENDESA, siga contaminando, sin control de ninguna clase. La Ciudad no esta en condiciones de imponer ningún tipo de restricciones.
Inmorales e indignos.
No le falta a vd. razón. Pero la culpa de que la planta de Endesa esté donde está la tienen los incompetentes P$Ø€ / CpM, de la corporación anterior. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones es una infame imposición de Bruselas. El gobierno municipal, en teoría, no se puede oponer a la medida. Y digo en teoría porque en Gijón y en otras ciudades parece que se han organizado y han retirado la ZBE, lo cual es muy loable.