El Gobierno de Melilla ha reafirmado su intención de aplicar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la máxima flexibilidad posible, dentro de los márgenes que permite la ley, con el objetivo de facilitar la adaptación de la ciudadanía a esta nueva medida de control medioambiental. Así lo aseguró el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, quien explicó que el proceso se encuentra actualmente en una fase de revisión del reglamento aprobado en pleno, atendiendo a las alegaciones presentadas, entre ellas las de la Confederación de Empresarios de Melilla.
“Cada ciudad lleva su ritmo”, afirmó Ventura, al subrayar que Melilla aplicará la normativa “sin prisa, pero con cierta pausa”, para que la ciudadanía se acostumbre gradualmente a los cambios en sus hábitos de movilidad. El consejero insistió en que el Gobierno local hará todo lo posible para que la implantación sea paulatina y tenga en cuenta las necesidades sociales, económicas y técnicas de la ciudad. Según añadió, cambiar los hábitos ciudadanos lleva tiempo, y es fundamental acompañar ese proceso con medidas que permitan a la población adaptarse sin que se vean afectados negativamente en su vida diaria.
Actualmente, la Zona de Bajas Emisiones de Melilla se encuentra en fase de revisión tras su aprobación en el pleno de la Asamblea. La Mesa de la Movilidad, órgano que reúne a diferentes representantes institucionales y sociales para consensuar acciones en materia de transporte y sostenibilidad, detectó en su última reunión algunos aspectos del reglamento que deben ser corregidos o ajustados. Ventura confirmó que el Ejecutivo está trabajando en la incorporación de las sugerencias planteadas, y señaló que la Confederación de Empresarios ha trasladado sus alegaciones, que están siendo tenidas en cuenta en esta etapa.
El responsable de Medio Ambiente explicó que la aplicación de este reglamento no se limita a un texto legal, sino que conlleva un desarrollo técnico complejo. Entre otras cuestiones, será necesario instalar un sistema de control por cámaras para gestionar qué vehículos pueden acceder a la zona restringida, además de implementar un sistema de autorizaciones. Según detalló, estas medidas requieren una planificación y ejecución que aún se encuentra en marcha, y que no estaban desarrolladas por el anterior equipo de Gobierno.
Ventura recordó que el actual Ejecutivo comenzó su mandato en 2023 y que, hasta ese momento, apenas se había avanzado en la implantación real de la ZBE en la ciudad. Por tanto, fue este Gobierno el que ha iniciado el proceso técnico y normativo, incluyendo la elaboración del reglamento, el desarrollo del sistema de control y el diseño de medidas complementarias. Entre estas medidas, se encuentra la creación de la llamada “zona naranja”, una franja de aparcamiento gratuita y de rotación en el perímetro de la ZBE, pensada para facilitar el acceso de los melillenses al centro de la ciudad.
El consejero explicó que, a diferencia de otras ciudades donde predominan las zonas azules de pago, en Melilla se ha optado por una fórmula que no suponga un coste adicional para el ciudadano. La intención es que las personas puedan acercarse al centro, realizar sus gestiones y marcharse, sin necesidad de pagar por aparcar, siempre que se respete el tiempo máximo permitido. Solo se aplicarán sanciones en caso de que se incumplan los límites de tiempo establecidos. Según Ventura, el objetivo no es recaudar dinero con esta medida, sino facilitar que los vecinos puedan acceder al área central sin que ello les suponga una carga económica.
También se refirió a otra cuestión relacionada con las obligaciones medioambientales impuestas por el Gobierno central: la subida de tasas de basura. En este sentido, afirmó que en Melilla no se ha aplicado ninguna modificación y que, por ahora, ese asunto se encuentra en “stand-by”. No obstante, subrayó que se trata de una exigencia del Gobierno de España, y que cuando se tenga información concreta sobre este tema, será comunicada públicamente.
Ventura quiso dejar claro que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones es una obligación que afecta a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y que responde a una normativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por tanto, aunque Melilla está adaptando su implementación a su propio contexto, se trata de una medida de carácter nacional que el Gobierno local está obligado a aplicar.
Tal y como adelantó El Faro de Melilla en informaciones anteriores, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones se llevará a cabo de forma gradual y experimental. El objetivo es que las restricciones vayan aplicándose progresivamente, conforme se avance en el desarrollo de las infraestructuras necesarias y se garantice que los ciudadanos, empresarios y demás sectores implicados puedan adaptarse sin perjuicios. El Gobierno mantiene su compromiso de continuar trabajando en la Mesa de la Movilidad para afinar el reglamento, escuchar propuestas y garantizar una transición eficaz hacia un modelo urbano más sostenible.
