Melilla reubica más del 70% de los menores migrantes tras la reforma de la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado el pasado viernes los resultados obtenidos tras la modificación de la Ley de Extranjería, destacando de manera específica la situación de Melilla, donde se ha logrado reubicar al 72,4% de los menores extranjeros no acompañados incluidos en los procedimientos de traslado. En el conjunto del país, y en poco más de cuatro meses, el Ejecutivo central ha gestionado la reubicación en la península de 877 menores procedentes de los territorios frontera de Canarias, Ceuta y Melilla.

Torres ha ofrecido estos datos durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, en la que hizo balance de la aplicación de la reforma legal tras la reunión de coordinación mantenida el pasado 19 de enero con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla. Según explicó, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha supuesto un avance significativo en la respuesta del Estado ante la presión migratoria en estos territorios, permitiendo articular mecanismos de traslado más ágiles y eficaces.

El ministro subrayó el trabajo “inédito” desarrollado de forma conjunta por las delegaciones del Gobierno, las comunidades y ciudades autónomas, la Fiscalía, las entidades de protección de menores y los propios menores a través de su representación jurídica, así como por las comunidades de acogida en la península. En este sentido, insistió en que la reforma normativa ha permitido que, en apenas “cuatro meses y algo más”, se haya dado salida a cerca de 900 menores que permanecían en Canarias, Ceuta y Melilla, redistribuyéndolos por diferentes puntos del territorio nacional.

En relación con Melilla, Torres detalló que la aplicación del procedimiento exprés previsto en el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería, dirigido a los menores migrantes llegados con posterioridad al 29 de agosto, ha conllevado la apertura de 84 expedientes. De estos, 30 concluyeron con resoluciones favorables al traslado, otros 30 fueron archivados y se ejecutaron finalmente 30 reubicaciones efectivas.

A estos datos se suman los correspondientes a la disposición adicional incorporada en la reforma, que afecta a los menores no acompañados que ya se encontraban en el territorio con anterioridad y que, según la ley, debían ser trasladados antes del 19 de marzo. En este apartado, Melilla inició 53 expedientes, de los cuales 28 obtuvieron resolución de traslado, ocho fueron archivados y 12 derivaron en reubicaciones ejecutadas. En conjunto, la aplicación de ambos mecanismos ha permitido culminar en Melilla 58 expedientes con traslado autorizado por el Gobierno de España, materializándose finalmente la reubicación de 42 menores, lo que representa un 72,4% del total.

El balance ofrecido por el ministro se enmarca en un contexto general en el que, según precisó, 441 de los 877 menores trasladados lo han sido por aplicación directa de la Ley de Extranjería, mientras que los otros 436 corresponden a solicitantes de asilo, un supuesto que afecta exclusivamente al archipiélago canario. En este último caso, explicó que se ha trabajado de forma paralela para garantizar recursos adecuados tanto en la península como en Canarias.

Torres también se refirió a las dificultades surgidas durante la aplicación de la norma, especialmente por la negativa o las reticencias de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a acoger menores reubicados. Citó expresamente los casos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo, cuyas decisiones contrarias a los traslados han sido corregidas por los tribunales, que, según afirmó, han respaldado de forma reiterada la actuación del Gobierno central.

Asimismo, el ministro reconoció que uno de los principales obstáculos ha sido el envío incompleto o fuera de plazo de los expedientes por parte de algunos territorios. En este sentido, explicó que en el caso de Melilla, a fecha 21 de noviembre, se habían remitido 30 expedientes de los 76 que correspondían, una situación similar a la registrada en Ceuta y Canarias. Ante este escenario, avanzó que se convocarán nuevas reuniones de coordinación con las ciudades autónomas y ofreció también al Gobierno canario retomar los encuentros técnicos para acelerar la remisión de los expedientes pendientes.

Torres quiso dejar claro que, aunque se haya superado la fecha límite del 19 de marzo establecida en la ley para algunos traslados, no existe ningún impedimento jurídico para continuar resolviendo y ejecutando expedientes, siempre que las administraciones competentes colaboren y faciliten la documentación necesaria. “La voluntad del Gobierno es seguir trabajando hasta que se complete el proceso”, remarcó.

Finalmente, el ministro defendió la vigencia y la proyección futura de la reforma de la Ley de Extranjería, asegurando que el Ejecutivo “cumple, ha cumplido y va a seguir cumpliendo” con su responsabilidad en la protección de los menores migrantes no acompañados. No obstante, advirtió de que el principal riesgo para la continuidad de la norma procede de la oposición política de Vox y del Partido Popular, a los que señaló como los únicos actores que, a su juicio, cuestionan una ley concebida para garantizar una respuesta solidaria, coordinada y respetuosa con los derechos de la infancia.