Según los datos del Ministerio del Interior, en Melilla se presentaron 3475 solicitudes en 2018, diez veces más de las presentadas en Ceuta. En todo el territorio nacional se realizaron 47.028, de las cuales 6.494 fueron en puesto fronterizo, 1.776 en CIE y 370 en embajadas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lamentó que España solo resolviera favorablemente 1 de cada 4 solicitudes de asilo en 2018, una tasa de admisión muy por debajo de los principales países europeos de acogida. De este modo, España reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales solo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, menos del 5% de las peticiones resueltas.
España registró un nuevo récord con 54.065 solicitantes de asilo admitidos a trámite, aunque esto apenas suponga el 0,1% del total de la población. Al mismo tiempo, también se incrementó enormemente el número de expedientes pendientes por resolver, que alcanzó la cifra de 78.710.
“Desde CEAR reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su resolución”, denunció Estrella Galán, directora de CEAR.
Por nacionalidades, Venezuela volvió a ser el primer país de origen de los solicitantes con más de 19.000 peticiones, seguido de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410). Sin embargo, la venezolana fue una de las nacionalidades con más porcentaje de peticiones de asilo denegadas, con 30 resoluciones favorables y 1.495 rechazadas. “Confiamos que se aplique la propuesta anunciada por el Gobierno de conceder el permiso por razones humanitarias a buena parte de estas personas, pero también debe ser aplicable a las provenientes de otros países que lo requieran”, subrayó Galán.
Desde el 1 de febrero de 2019, España requiere el visado de tránsito a las personas palestinas, un requisito que les impide desde entonces llegar a las fronteras españolas y solicitar ahí el asilo. Una exigencia que también se extendió desde el pasado año a las personas de Gambia y Camerún.
“En un momento en que las muertes de personas que quieren llegar a nuestro país se cuentan por centenares, España no solo no habilita vías legales, sino que reduce las posibilidades de que las personas puedan buscar refugio en nuestro país sin tener que jugarse la vida y ponerse en manos de traficantes”, sostuvo Galán.
Además, desde CEAR alertan especialmente de la desprotección que están sufriendo las víctimas de las maras. Pese al fuerte incremento de solicitudes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, apenas se contaron 15 resoluciones favorables a personas provenientes de estos 3 países. “Las autoridades españolas siguen mirando para otro lado respecto a la violencia de las pandillas, contradiciendo el criterio de la Audiencia Nacional que en repetidas ocasiones ha reconocido los actos y las amenazas de estos grupos como un motivo de persecución”.
