El Fondo Monetario Internacional da por bueno que España cerrase 2020 con una tasa de paro del 15,5%, un punto y medio superior a los datos anteriores a la crisis del coronavirus (2019). También prevé que en 2021, tras la salida de los trabajadores de los ERTE, esa tasa de desempleo se dispare al 16,8% y que nuestro país consiga reconducir la situación bajando a 15,8% el año que viene. Son previsiones y como tal pueden cumplirse o no, pero llama la atención el abismo que separa este análisis de la economía española, del discurso triunfalista que la delegada del Gobierno de Melilla, Sabrina Moh, dio ayer al asegurar que vamos viento en popa hacia la recuperación económica en esta ciudad cuando nuestra tasa de paro en febrero pasado fue del 25,61%. Fíjense, son nueve puntos por encima de la media nacional que estima el FMI para este año. Por tanto, la tasa de desempleo de marzo, con 300 parados menos, no puede andar muy lejos de esa cifra. Digamos que rondaría el 24,7% suponiendo que la población activa (número de personas jubiladas o que terminaron contrato) no varió con respecto al mes de febrero. Oficialmente no lo sabemos porque de eso no se habla en la nota de prensa enviada desde la Delegación. Ahora no permitamos que los números nos nublen la vista. Es verdad que los datos de desempleo anunciados ayer no son malos si los comparamos con los de diciembre de 2012, cuando superamos la barrera de los 13.000 melillenses en desempleo. Ese año y el siguiente, 2013, fueron durísimos para este país y para esta ciudad. Gobernaba el PP, pero no se puede responsabilizar ni a Rajoy ni a Imbroda de que el paro se desmadrara porque España entera estaba asfixiada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Salimos de eso, pero en ningún caso, fortalecidos. De esos polvos vienen estos lodos. Ahí empezó nuestra debacle. No hay que ser un lince para darse cuenta de que el cierre de la frontera ha beneficiado los datos de empleo en esta ciudad. Los puestos que antes se cubrían con trabajadores transfronterizos, ahora se cubren con gente de Melilla. Las empresas que han podido mantener su actividad siguen necesitando mano de obra y aunque la nacional les sale menos rentable, contratan porque no les queda otra si quieren seguir funcionando. Pero de ahí a dar por hecho que los 900 trabajadores que están en ERTE se incorporarán tal cual a sus puestos es dar por sentado que no habrá cierre de empresas. Ojalá se cumpla esa profecía. Eso es bueno para Melilla y lo que es bueno para esta ciudad, es bueno para todos. Entiendo que los políticos tienen que enviar mensajes positivos a la gente, pero me temo que la Delegación del Gobierno se pasó de frenada. No es la única a la que se le va la mano por estos días. Han ido muy lejos quienes han empapelado la ciudad pidiendo la dimisión de De Castro y acusando a Gloria Rojas de “culpable”. ¿Dónde estaba esta gente cuando teníamos el Gobierno con más imputados de toda España? ¿Por qué no empapelaron entonces las paredes y los coches de Melilla? Tienen todo el derecho del mundo a reaccionar a la expulsión del presidente De Castro de su partido, aunque creo que esta guerra de guerrillas está bastante subida de tono. Por sus actos los conoceréis. Si cuando los imputados eran de un Gobierno popular no reaccionaron y ahora cuando gobiernan Cs-PSOE y CpM sí lo hacen, ya sabemos cuándo les duele y cuándo no. La situación de Melilla es complicada. No se parece, ni de lejos, al discurso triunfalista de la delegada, pero me pregunto qué quieren los de la guerra de guerrillas. ¿Qué dimita De Castro y que Gloria Rojas y los cepemistas gobiernen en minoría? ¿Creen que lo tendrán más fácil para tomar decisiones y sacarlas adelante? ¿O prefieren que la Asamblea pida al Gobierno elecciones anticipadas? Hay antecedentes de eso. Ocurrió al menos en 2012, cuando el consistorio granadino de Santa Fe pidió elecciones anticipadas porque la oposición del PP y una tránsfuga del PSOE no les permitían aprobar iniciativas, pero tampoco sumaban para sacar adelante una moción de censura. Ellos argumentaron que estaban en quiebra técnica. Los alcaldes no tienen potestad para solicitar la disolución anticipada del Gobierno. No se pudo hacer ni siquiera con la Marbella que heredó los tejemanejes de Jesús Gil. Sólo el Gobierno central tiene potestad para disolver un ayuntamiento y convocar elecciones en el plazo de tres meses. ¿Es eso lo que queremos en Melilla ahora que encuestas como la de Electomanía registran un bajón de intención de voto al PP? Si los que están no pueden y los que quieren tampoco pueden, ¿cuál es la solución que da mayor estabilidad política a esta ciudad en estos momentos? Creo que en hoy hace falta serenarse porque necesitamos partidos fuertes que puedan encarar lo que nos viene encima y no son precisamente los brotes verdes que se ven desde las ventanas de la Delegación del Gobierno.