EL número de ciudadanos que trabajan para la Administración en nuestra ciudad se vio reducido un 2% entre los meses de enero y julio del año pasado, según los datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda. El descenso ha sido del 3,4% en el ámbito del Ejecutivo autonómico y del 1,8% en el del Gobierno central. Estas cifras siguen la línea de ahorro marcada por Mariano Rajoy desde su llegada a La Moncloa. El modelo económico del equipo del PP está basado en ajustar la administración a las posibilidades financieras de nuestro país. Eso ahora mismo se traduce en recortes, ajustes y esfuerzo para elevar la productividad prestando un servicio en el mismo nivel de calidad con menos personal. Ese es el objetivo en el corto plazo, es el primer paso para reactivar la economía. En ese plan ha depositado todas sus esperanzas nuestro Gobierno.
La intención no es acabar con el sector público, sino ajustar su volumen y su coste a la actividad que se desarrolla a su alrededor. Su crecimiento deberá ir en paralelo a la recuperación económica para no ahogar ésta cuando lleguen lo que en otras épocas se dieron en llamar brotes verdes. Los funcionarios y los trabajadores de la administración, sobre los que muchas veces recaen injustamente reproches del conjunto de los ciudadanos, son imprescindibles para el resurgimiento económico. Sin la labor de jueces, médicos, policías, inspectores, técnicos, administrativos, analistas, supervisores... las posibilidades de desarrollo serían nulas. Su preparación, su profesionalidad y el nivel del trabajo de estos empleados es lo que marca en gran medida la capacidad de un país. Por ello, tras los reajustes actuales, el día en que aumente su número de manera justificada y equilibrada en Melilla, podremos empezar a hablar de indicios claros de recuperación en nuestra ciudad.
