El vicepresidente del Ejecutivo local espera que los posibles recortes que lleve a cabo la Administración del Estado en este terreno no afecten a la ciudad autónoma.
La posible reducción de efectivos militares que está estudiando llevar a cabo la Administración del Estado a nivel nacional es un asunto que ha levantado suspicacias entre los dirigentes del Gobierno melillense. En la jornada de ayer, su vicepresidente, Miguel Marín, afirmó en rueda de prensa que, si las intenciones del Gobierno central se confirman, “Melilla mostrará su oposición”.
En este sentido, el segundo de abordo del Ejecutivo autonómico recalcó que también se habló de un descenso en el número de militares destinados en la ciudad autónoma durante la pasada legislatura, la cual no se llevó finalmente a cabo. “Protestamos al anterior Gobierno central y lo haremos también con éste si se confirma que los efectivos militares van a reducirse”, aseveró el vicepresidente.
No obstante, Marín subrayó que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy conoce de primera mano cuales son las necesidades de Melilla, así como sus profundos vínculos con la vida castrense, por lo que se mostró esperanzada de que, si esos recortes llegan a producirse, apenas afecten a la ciudad autónoma.
“Desde Madrid ya nos han mostrado sus sensibilidad con respecto a la situación de Melilla y Ceuta”, insistió. “Entiendo que este descenso se llevaría a cabo dentro de un contexto nacional”.
En el mismo sentido, recordó que el presidente Imbroda luchó enérgicamente contra el traslado de militares fuera de la ciudad durante la pasada legislatura hasta que finalmente se aclaró que no habría descenso alguno en la presencia de Fuerzas Armadas en Melilla.
En aquel entonces, concretamente en el año 2008, comenzó a hablarse del llamado Plan de Transición, según el cual podrían abandonar la ciudad un total 7.000 personas, lo que hubiera supuesto un duro varapalo para la economía local, ya que buena parte de la población depende de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se vio en el posible descenso de efectivos militares una bajada de guardia ante las pretensiones anexionistas de Marruecos.
Al conocer las intenciones del Ministerio de Defensa, Melilla se puso manos a la obra para informarse sobre cómo afectaría a la ciudad dicha medida, así como tratar de paliarla. Todas las gestiones se realizaron en cooperación con Ceuta, también afectada por estos recortes.
El resultado final de dichas gestiones fue que la propia ministra, Carme Chacón en aquel entonces, se dirigió por carta al presidente Imbroda para asegurarle que la restructuración que pensaba llevar a cabo Defensa no provocaría un descenso de la presencia militar en la ciudad autónoma.
Marín confía en que la historia vuelva a repetirse en esta ocasión y las Fuerzas Armadas que hay en Melilla continúen tal y como están. En caso contrario, el vicepresidente aseguró que alzarán su voz para protestar ante el Gobierno que preside Mariano Rajoy. No obstante, confió en que ello no sea necesario.
Defensa señala que la reducción es sólo “una opinión”.
El plan de la cúpula militar de reducir las Fuerzas Armadas (FAS) en 20.000 personas hasta 2025 es solo una “opinión y un elemento de juicio más” que se tendrá en cuenta, pero que no se considerará definitivo todavía, según afirmó en la jornada de ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Asimismo, se refirió a la previsión del tamaño de la plantilla del Ejército a largo plazo en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para exponer las líneas generales de la política del departamento para esta legislatura.
Además, el ministro se quejó de que el informe redactado por el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEMAD), el almirante Fernando García Sánchez, bajo el título Visión 2025, se haya filtrado a la prensa cuando aún está en estudio cuál será la reducción del personal. "La política de Defensa no la hace el JEMAD, sino el ministro de Defensa, y en su caso el presidente del Gobierno", afirmó.
Las FAS cuentan en la actualidad con alrededor de 130.000 militares de los cuales son 83.000 soldados o marineros y 47.000 oficiales y suboficiales, así como 25.000 civiles, entre los que hay 6.000 funcionarios y 19.000 contratados laborales.
