Destacan que los permisos llegan con meses de retraso y los contratos a los que optan son cortos.
UGT y un gran número de trabajadores transfronterizos se manifestaron ayer frente a la Delegación del Gobierno para exigir que les den facilidades a la hora de renovar sus permisos para poder tener un empleo en la ciudad. Denuncian que pagan más de 200 euros de tasas para renovar la documentación y, como se retrasa tanto la aprobación del permiso por parte de la Administración central, sólo trabajan durante poco más de un mes. Afirman que cuando llegan a las empresas que les iban a contratar, la tarea está casi acabada y por eso, les contratan por muy pocas semanas.
También subrayan que antes tenían un permiso de trabajo durante cinco años y podían cambiar de negocio sin problemas. Desde hace tres años, sólo tienen un año y cada vez que quieran coger otro empleo en otra empresa, deben iniciar los trámites de nuevo como si la Administración no conociera ya su expediente, aseveran.
Éste es el caso de Abderraman Murud que explicó que vayan donde vayan “no tienen derechos”. Resaltó que lleva más de catorce años cotizando a la Seguridad Social y lo único que desea es que le dejen buscar un empleo.
Aseveró que ahora les exige el Estado un certificado del Servicio Público de Empleo (SEPE) en el que diga que no hay ningún otro trabajador con su cualificación en el paro. Sin este documento no hay permiso de trabajo y Murud subrayó que ese papel no se lo da el SEPE porque la crisis ha llevado a mucha gente al desempleo.
“Nos quieren echar a Marruecos y es una pena y una discriminación porque el ladrillo en Melilla lo hemos levantado nosotros”, afirmó este transfronterizo.
El colectivo indicó que volverán el próximo martes hasta que la Delegación del Gobierno escuche sus reclamaciones y se eliminen las trabas que sufren.
