Los trabajadores de la ludoteca de Las Palmeras se han concentrado este miércoles a las 11:00 horas para denunciar la situación que atraviesan tras más de dos meses y medio de huelga. La protesta se enmarca en el conflicto laboral que afecta a varios centros socioeducativos de Melilla y que mantiene a decenas de familias sin una solución definitiva.
La concentración se ha producido después de 84 días de paro. Una huelga que los sindicatos califican de histórica en la ciudad autónoma. Los trabajadores reclaman el fin de una gestión que consideran ineficaz y exigen una decisión política que permita rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y garantizar la continuidad del servicio con otra entidad.
Durante la protesta ha tomado la palabra José Luis Tormo, secretario de Comunicación y Juventud de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Melilla. En su intervención ha subrayado el desgaste acumulado por las familias afectadas y el impacto del conflicto en los distritos cuarto y quinto de la ciudad, donde estos centros prestan apoyo educativo a menores en situación de especial vulnerabilidad.
Tormo ha agradecido la predisposición al diálogo mostrada por la consejera de Política Social y Salud Pública, Randa Mohamed, pero ha advertido de que “las palabras no traen soluciones”. Según explicó, el conflicto se encuentra enquistado pese a que el procedimiento administrativo para la rescisión del contrato estaba, a su juicio, prácticamente cerrado.
El representante sindical ha recordado que el plazo para que la empresa presentara alegaciones finalizó el 14 de noviembre. Sin embargo, denunció que estas fueron aceptadas de forma extemporánea semanas después. “El 23 de diciembre solo faltaba una firma para que los trabajadores pudieran empezar a trabajar con Tragsa”, señaló. Esa firma no llegó.
CCOO considera que la Ley de Contratos del Sector Público no impide rescindir el contrato de manera rápida. “El contrato ya estaba rescindido. Esto es un problema de voluntad política”, afirmó Tormo. Para ilustrar su argumento, mencionó el caso del Centro de Mujeres de Guadalajara, donde la misma empresa vio rescindido su contrato en apenas tres meses por incumplimientos similares, sin que existieran impagos salariales. “Allí hubo voluntad política. Aquí no”, remarcó.
La decisión de aceptar las alegaciones ha sido adoptada por la Consejería de Hacienda. Según CCOO, se trata de un criterio “excesivamente garantista” que retrasa la resolución y traslada ahora el expediente al Consejo de Estado. Para los sindicatos, esta decisión supone un retroceso y devuelve el conflicto al punto de partida.
Tormo ha criticado que la Administración justifique su postura en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que, a su entender, no es comparable. En aquel caso, explicó, el retraso en la presentación de alegaciones fue de un solo día. En Melilla, afirmó, el retraso supera el mes. “No estamos hablando de cinco días, sino de más de un mes”, insistió.
Desde el sindicato consideran que se ha hecho “un traje a medida” para la empresa y que se está permitiendo su continuidad en centros como Pinares, San Francisco o Tiro Nacional, además de Acera del Negrete y Las Palmeras. Todo ello, aseguran, pese a los reiterados incumplimientos contractuales.
El dirigente sindical fue tajante al señalar que el problema no se limita al impago de salarios. “Esa es la base, pero no es lo único”, dijo. Según relató, la empresa no ha adquirido material lúdico-educativo ni de limpieza, ni ha renovado los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros.
La huelga comenzó el 28 de octubre, cuando los trabajadores dejaron de acudir a sus puestos ante la falta de cobro. Durante meses, explicó Tormo, muchas familias han sobrevivido gracias a la ayuda de vecinos, entidades sociales y organizaciones como el Banco de Alimentos o Cáritas, a las que agradeció su apoyo.
En cuanto a la situación salarial, el secretario de Comunicación de CCOO explicó que la empresa ha abonado recientemente las deudas correspondientes a 2025. Hasta la semana pasada, adeudaba los salarios de junio a diciembre. Sin embargo, siguen pendientes nóminas de octubre de 2024, noviembre y parte de diciembre de ese año.
El conflicto afecta en la actualidad a unos 35 o 36 trabajadores, según las cifras aportadas por el sindicato. De ellos, alrededor de 14 o 15 prestan servicio directamente en centros como Acera del Negrete y Las Palmeras, donde la huelga continuará activa mientras la empresa siga al frente de la gestión.
Según CC.OO Alvalop tiene situaciones similares en otras partes del territorio nacional. "En los últimos seis meses se le han conseguido a esta empresa contratos por más de 2.800.000 euros en gobiernos que casualmente provienen de Gobiernos del mismo color. Entonces pues habría que mirarlo un poquito más".
Como siguiente paso, los trabajadores mantendrán la presión en la calle. El sindicato ha convocado una manifestación este jueves, día 22, frente a la Consejería de Hacienda entre la una y media y las dos de la tarde. Desde allí marcharán hasta la Consejería de Políticas Sociales, donde permanecerán concentrados hasta las dos y media.
"El presidente indica que los contratos vienen del anterior Gobierno. Puede ser que con el anterior Gobierno también tuviesen contratos, pero es que esta empresa lleva más de 14 años en la ciudad autónoma de Melilla. Entonces las verdades y las mentiras son limitadas y cada uno puede opinar lo que considere. Es hora de que todos los partidos políticos reflexionen sobre esta situación y dejen de permitir trajes a medida y procedimientos opacos que perjudican a la ciudadanía”.
CCOO ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la protesta. “Esto no es solo un problema de los trabajadores”, concluyó Tormo. “Es un problema de toda la ciudadanía melillense”.
