EL año 2021 ha terminado para la economía de las empresas familiares bastante mejor de lo que empezó a pesar de que la pandemia sigue entre nosotros. Cierto es que las medidas adoptadas para combatirla han relajado la presión sobre la actividad de muchos sectores estratégicos en lo que se refiere a la movilidad territorial y el contacto entre las personas algo fundamental para el turismo, una de nuestras principales industrias, y los servicios y actividades inherentes al mismo. Por supuesto, la campaña de vacunación ha servido, no para frenar los contagios, sino para que la letalidad de la enfermedad sea muchísimo más leve entre los vacunados que entre los que se han resistido a serlo. La variante “ómicron” y sus consecuencias no dejan lugar a ello. Por ello, no debemos cejar en alcanzar un mayor porcentaje de personas vacunadas y mantener las medidas de higiene, ventilación, distancia y mascarilla. Al igual que las sanitarias, han sido efectivas las medidas relativas a facilitar liquidez y las ayudas directas a las empresas -aunque muchas no han llegado a tiempo ni en cantidad suficiente- así como la aplicación generosa del instrumento creado en la famosa -y denostada por algunos- reforma laboral de 2012 que ha ayudado a no destruir más empleos de los habidos y nunca deseados por nuestras empresas. Otras medidas pueden haber ayudado como el aplazamiento hasta junio de 2022 de algunos procedimientos administrativos o mercantiles como, por ejemplo, los relativos a la solicitud obligatoria de concurso de acreedores o la necesidad de adoptar medidas en lo relativo a la disolución de sociedades por desequilibrio patrimonial establecido en el art. 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Ya veremos qué pasa a partir de cuando acabe esta moratoria concursal y lleguen los vencimientos de los préstamos ICO. En conjunto, podemos decir con cierto orgullo que la recuperación de la economía andaluza ha sido buena. Hemos crecido más que otras regiones en PIB, en exportaciones, en creación de empleo, en número de nuevos autónomos y sociedades mercantiles, hemos reducido nuestra endémica tasa de paro y se ha avanzado en la reducción de trabas administrativas y en la bajada de la imposición fiscal cedida a nuestra Comunidad. De haberse aprobado los Presupuestos tendríamos más herramientas para seguir avanzando en solucionar las carencias en la sanidad, la educación o las políticas sociales y transformar nuestra estructura económica. Arduo trabajo le toca a nuestro consejero de Hacienda, D. Juan Bravo, para ir adaptando los prorrogados. El año 2022, llega con las mismas preocupaciones con las que acababa el 2021. La pandemia y la salud, la recuperación y el paro siguen siendo nuestras mayores preocupaciones. Ahora, se añaden nuevas: el incremento de la inflación (también la subyacente), la ya anunciada subida de tipos, el cese de los incentivos fiscales, el movimiento al alza de los costes de las materias primas junto al de los transportes y los altos precios energéticos y a todo ello se suma -por si fueran pocos- la crisis geopolítica en algunas partes del planeta y no solo la de Ucrania. Aquí cerquita también tenemos nuestra particular crisis diplomática: España y, en concreto, las empresas familiares y la población de Ceuta y Melilla están sufriendo las ansias expansionistas de nuestro “inevitable” y nada amistoso vecino del Sur a la vista de su “hoja de ruta” sobre la soberanía de la antigua provincia española del Sáhara y nuestras ciudades -españolas y europeas- situadas en la otra orilla del Mediterráneo. Pero tenemos confianza en que nuestras empresas familiares sigan recuperando el terreno perdido en los últimos años. Vamos a seguir avanzando aprovechando todas las herramientas que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los fondos europeos, aunque tengo la duda que los mismos lleguen a muchas pymes que son la mayoría de nuestro tejido empresarial. Habrá que intentar que no sea así. Como he comentado en ocasiones anteriores, los grandes retos de las empresas familiares son el relevo generacional y la falta de tamaño para crecer en competitividad. Debemos y vamos a trabajar para ello, aunque se vislumbran ciertos escollos en el horizonte. En primer lugar, lo poco que se sabe de los trabajos de la Comisión de Expertos para la reforma fiscal no suena bien. Viene un incremento de la presión fiscal que puede perjudicar a la actividad normal de las empresas con mayores costes por la imposición sobre ciertos gases, los combustibles fósiles, los envases plásticos y los residuos amén de la más que anunciada subida de los impuestos sobre los beneficios o las cotizaciones sociales. Y, por otra parte, perjudicará al relevo generacional si se revierte la práctica desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la transmisión de la empresa. Por suerte, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente una Sentencia favorable a la consideración de algunos activos afectos a la actividad como no sujetos al Impuesto Extraordinario sobre el patrimonio y que, por cierto, también va a ser objeto de una mayor presión fiscal. Espero que la reforma que salga del Comité de Expertos lo tenga en cuenta. Las empresas familiares de toda España, representadas por las Asociaciones Territoriales, en el Congreso nacional del IEF del pasado octubre, nos comprometimos a promover en nuestras empresas las mejores prácticas de gestión para favorecer la sostenibilidad empresarial, social y medioambiental. Y lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas, empezando por asumir la digitalización y la innovación -tenemos talento para ello- que nos harán más competitivos y poniendo el foco en incrementar el tamaño de las mismas. Para ello necesitamos estímulos fiscales, modificaciones de la legislación laboral (el famoso empleado nº 50), en la mercantil y en la fiscal que faciliten la concentración de las pymes como en países de nuestro entorno. No quiero terminar sin enviar un cariñoso abrazo a los empresarios familiares de las Ciudades de Ceuta y Melilla que sufren los mismos problemas que los andaluces, pero a los que se añade “su “pandemia particular” de la asfixia socio-económica por parte del vecino del Sur y la falta de reacción por parte de nuestro Gobierno. Andalucía, que siempre ha hecho de hermana mayor de ambas ciudades, debe ayudarlas en todo lo que pueda y avanzar en el desarrollo de los acuerdos firmados en 2019 entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y los de Ceuta y Melilla, independientemente del color político de los mismos.