Las inmigrantes que se encuentren en territorio español y estén embarazadas podrán hacer uso del Sistema Nacional de Salud durante la gestación, el parto y el post-parto. Así lo recoge el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ayer apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta ayer, las marroquíes que llegaban a Melilla para dar a luz eran atendidas porque la conciencia de los enfermeros y el Juramento Hipocrático de los médicos obligaba moralmente a ambos a asistir a estas mujeres. A partir de ahora, continuará sucediendo lo mismo aunque los argumentos éticos se verán sobrepasados por un Real Decreto que obliga legalmente.
Ante este nuevo escenario, el director del Ingesa, José Julián Díaz Melguizo, de visita por la ciudad para conocer la realidad del sistema sanitario melillenses, no acertó a explicar las soluciones que plantea el Gobierno central. Se evidencia así que el Real Decreto está hecho sin tener en cuenta las especificidades de las dos ciudades españolas del norte de África. Quizás la visita a Melilla y la próxima que tiene programada a Ceuta le sirvan a Díaz Melguizo para comprobar que la sensatez que acompaña a algunas decisiones en el resto de España, aquí son un sin sentido. Es imposible compatibilizar una Sanidad universal, de calidad y gratuita con los recortes y la apertura de la frontera a los pacientes marroquíes. “No podemos ser la sala de parto de la zona periférica de Melilla”, insiste Jesús Delgado, presidente del Colegio de Médicos. No podemos serlo si queremos tener un servicio sanitario de calidad, evitar que la carga de trabajo sobrepase la capacidad de los profesionales médicos y además emprender una política de recortes que impide ampliar los recursos.
El Gobierno central no puede exigir a los melillenses una cosa y la contraria. No es lógica la reducción del gasto con la indiscriminada asistencia a pacientes que no contribuyen al sostenimiento del sistema.
