Los empresarios melillenses han dicho "hasta aquí hemos llegado" y están dispuestos a no utilizar nunca más la aduana comercial con Marruecos, aunque este país decida su reapertura, inicialmente prevista para el 15 de septiembre pero sin que haya compromiso firme alguno de que así sea. La patronal está harta y no se muestra dispuesta a seguir el juego del ratón y el gato que existe en torno a unas relaciones comerciales que, en realidad, nunca han funcionado como tales desde el pasado mes de enero. Entonces, los marroquíes decidieron que le ofrecerían un pequeño favor a Pedro Sánchez y harían como si la aduana estuviera abierta, si bien en todo momento bajo sus condiciones: un camión al día, productos previamente autorizados y poco más.
En definitiva, que los empresarios, que siempre han exigido una reciprocidad en el régimen de viajeros que el Gobierno y, más concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, jamás lograron negociar con Rabat (ni siquiera se sabe si llegaron a intentarlo), han decidido que harán las cosas de otro modo. Es decir, realizarán sus exportaciones a través de los puertos españoles cercanos porque lo que buscan es una seguridad jurídica que actualmente no existe ni tiene visos de que vaya a existir en algún momento con el vecino del sur.
Ellos nunca se tragaron la excusa de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y es normal: este año, precisamente, es el que menor afluencia de viajeros está teniendo y, además, esa campaña anual siempre se ha dado en la frontera melillense aún cuando no solo pasaba mercancía a través de la aduana comercial sino también a lomos de las pobres porteadoras. Eso sí que era un auténtico caos en la zona y Marruecos nunca se planteó siquiera parar el flujo comercial para dar prioridad a sus emigrantes de regreso a su país.
El presidente de la patronal de Melilla, Enrique Alcoba, incluso plantea que España haga en el puerto de Algeciras lo que los marroquíes le hacen a las dos ciudades autónomas en lo que a las relaciones comerciales se refiere. Está convencido de que si el Gobierno español se pusiera en su sitio y aplicara la misma fórmula, Marruecos se lo tomaría en serio y no seguiría por la senda por la que camina de cara a sus aduanas terrestres.
En definitiva, lo que la CEME quiere es que el Ejecutivo del PSOE obligue a Marruecos a que cumpla con la normativa internacional y con la normalidad a la que se comprometió el presidente Pedro Sánchez, tras la celebración de la última Reunión de Alto Nivel (RAN) en abril de 2022.
