La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han señalado este miércoles, en una nota de prensa, que, en relación a las medidas anunciadas por el Gobierno central el martes, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, que “se han adoptado sin consulta previa en el marco del diálogo social y no suponen una solución real a los problemas de alta inflación que hoy sufre la economía española”.
Los empresarios recalcan que alcanzar acuerdos significa, ante todo, escuchar y considerar la situación de todas las partes. En este caso, sin embargo, argumentan, “el Gobierno ha preferido adoptar medidas de manera unilateral y después buscar un pacto”, en el que, matizan, “por otra parte, deberían participar todos los grupos políticos”.
Ambas organizaciones quieren dejar “claro” a través de la nota que “el incremento desbocado de la inflación supone un grave perjuicio y un empobrecimiento para todos”, tanto para las familias como para las empresas y los trabajadores.
CEOE y Cepyme han recordado que los beneficios de las empresas se han visto recortados en 100.000 millones de euros entre los años 2020 y 2021 y en casi 7.000 millones en lo que va de año, según datos obtenidos de Contabilidad Nacional.
Además, añaden que, tal como ha señalado el Banco de España, mientras que alrededor del 77% de las empresas españolas han visto aumentados sus costes de producción como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, “sólo algo más del 38% lo han trasladado a sus precios finales”.
Con todo, ambas organizaciones han manifestado su voluntad de buscar soluciones a esta situación, si “entre todos” se asumen los costes de la crisis sin hacerlos recaer “sólo sobre las empresas en forma de medidas parciales o subidas de impuestos”. “Queremos ser parte de la solución y no que se nos considere como un problema”, han asegurado, para terminar explicando que, “en un escenario de subida de tipos de interés, la creación de nuevos tributos a la carta supone una barrera añadida para las empresas españolas en el ansiado camino hacia la recuperación”.
