LA Plataforma Policial, de la que forman parte todos los sindicatos de la Policía Nacional y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, exige claridad a sus respectivos mandos a la hora de actuar ante la inmigración ilegal. Denuncian que existe un “galimatías” de leyes, normas y tratados en el que a veces se pierden los agentes. En el caso de la Benemérita, por el carácter militar de este Cuerpo, la situación es aún más grave porque puede colocar a sus miembros ante la encrucijada de desobedecer la orden de un superior (con lo que eso supone) o ejecutarla a pesar de albergar sospechas de su presunta ilegalidad.
Los agentes necesitan indicaciones precisas para saber cómo actuar siempre dentro de los estrictos límites que establece la Ley. El problema no es sólo la inexistencia de esas indicaciones sino la contradicción entre disposiciones legales que hace que se difuminen esos ‘estrictos límites’. De esta manera, muchas veces el asunto queda al particular criterio del mando o del juez de turno, como el pasado jueves. Ese día visitó Melilla el comandante Eduardo Lobo Espinosa, destinado en el Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Según la interpretación de este mando, el tratado hispano-marroquí de 1992 que acaba de ratificar y publicar el país vecino “será una herramienta fundamental a la hora de que Marruecos autorice al desembarco (entrega) no sólo de pateras que lleguen a España y que podamos interceptar sino también de los inmigrantes que se intercepten en el perímetro fronterizo”. En cambio, otros responsables policiales consideran el citado tratado internacional “papel mojado” porque es contrario a la Constitución y a la Ley Orgánica de Extranjería.
No lo tienen fácil los agentes destinados en la frontera, que sin saberlo corren el riesgo de estar vulnerando con alguna de sus acciones la legalidad que pretenden defender.
