Plena Inclusión presentó su estudio ‘¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora’, en el que reveló que las prestaciones sociales “están dispersas” y el “acceso a las mismas resulta complejo en algunos casos”. Además, también se concluyó que la cobertura económica de las prestaciones “es muy limitada”.
Por otra parte, Plena Inclusión también apuntó que los niveles de apoyo económico, en las prestaciones que dependen de las comunidades autónomas, “Son muy heterogéneos”. En el estudio, se analizaron 99 prestaciones y ninguna, reveló Plena Inclusión, “está pensada para la discapacidad intelectual”.
Además, muchas de las prestaciones “pretenden únicamente mejorar los niveles de ingresos de las familias en función de los niveles de renta, pero no están orientadas a promocionar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
Este estudio analizó en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Se identificó un total de 99 prestaciones (21 nacionales y 78 autonómicas) tanto aquellas de ámbito general que tienen un especial tratamiento hacia la discapacidad, como otras específicas para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
