ESPAÑA ES ASÍ. Parece que no hay manera de que nos pongamos de acuerdo, mucho menos los políticos. Las últimas divergencias se han producido a causa de la propuesta impulsada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para permirir el uso de las lenguas cooficiales en el Estado -esto es, catalán, gallego y euskera- por parte de los representantes de los ciudadanos en la Cámara Baja.
Ya vimos el otro día que Vox abandonó el hemiciclo y dejó para Pedro Sánchez los pinganillos que, a partir de ahora, podrán emplear los diputados para seguir las sesiones si es que no conocen alguno de esos tres idiomas.
El PP y Vox, en contra; el PSOE, Podemos y, por descontado, los partidos nacionalistas e independentistas, a favor.
En Melilla ocurre una división similar y, si se mira con detenimiento los argumentos que dan unos y otros, lo cierto es que todos pueden tener sus razones.
El PP lo tiene claro: no es lógico que compatriotas tengan que entenderse entre sí usando los pinganillos. Tiene bastante sentido, puesto que, además, la fluidez de las sesiones puede que no sea la misma. También advieren de los costes de los traductores y de estos aparatos. La diputada por Melilla, Sofía Acedo, cree que se trata de un pago de Pedro Sánchez a esos partidos para que lo apoyen en una eventual investidura, en caso de que fracase la de la próxima semana de Feijóo y Pedro Sánchez quiera volver a presentarse.
Por su parte, Tasende recordó que es el idioma castellano el que vertebra el territorio y considera que los partidos nacionalistas están intentando “acabar con la lengua española” o, al menos, con la hegemonía del castellano. Además, apunta un dato interesante como es que, ahora que el Reino Unido se ha marchado de la Unión Europea y que no queda en ella ningún país -al menos, de los grandes- donde el inglés sea su lengua vernácula, España podría aprovechar para “hacer valer” el castellano, ya que “ni el francés, ni el alemán, ni el italiano, ni el portugués tienen la difusión mundial que tiene el español”, que es hablado por casi 493 millones de personas gracias a los países hispanoamericanos. Al contrario, recuerda, lo que ha hecho este Gobierno es pedir, también a la UE, la oficialidad de esas tres lenguas, lo que, a su parecer, presenta a España “como un país poco serio”.
Desde el PSOE, Rojas defiende lo contrario: recuerda que estas lenguas están validadas por la Constitución y que ya se utilizan en el Senado, por lo que no entiende que tengan que ser un motivo de disputa. Descarta que el precio de los traductores y pinganillos sea un problema y remarca que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido, durante su presidencia en Galicia, “un firme defensor del bilingüismo”, por lo que no entiende este cambio de postura si no es por influencia de Aznar y Díaz Ayuso, que son, dice, “quienes realmente mandan”.
A Azmani tampoco le parece una “atrocidad”, si bien pide que se establezcan los mecanismos necesarios para que la traducción sea fluida.
Podemos y CpM no se han pronunciado, pero da la sensación de que tendremos discusión para rato.
