La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha alertado del “caos” que, a su juicio, ha provocado la reciente reforma judicial en la Oficina Judicial de la ciudad y ha advertido de que la nueva estructura dará lugar a más retrasos en los procedimientos. La parlamentaria realizó estas declaraciones este miércoles, en una nota de prensa en la que cuestiona abiertamente la planificación del Gobierno central y anuncia una batería de iniciativas en el Senado para esclarecer la situación real de los juzgados melillenses .
Moreno sostiene que Melilla, “al igual que el conjunto de España”, está sufriendo las consecuencias de una reforma que, en su opinión, no ha sido diseñada para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Según expone, donde debería haberse garantizado planificación y orden, se ha implantado una situación que define como desorganización, especialmente en el ámbito de la Oficina Judicial.
La dirigente popular centra buena parte de sus críticas en la falta de refuerzos personales y en la ausencia de incremento de plazas de jueces y tramitadores tras la entrada en vigor de la reforma. Asegura que los cambios introducidos han supuesto la ruptura de equipos estables de trabajo y han afectado a la especialización, sin que se hayan adoptado medidas que permitan agilizar el dictado de sentencias. En este sentido, sostiene que las modificaciones se han limitado a alterar despachos, denominaciones y organigramas, sin una mejora efectiva del servicio.
Además, la senadora popular cuestiona que durante la tramitación parlamentaria se introdujeran disposiciones que, según afirma, no guardan relación con el objetivo de modernizar la Justicia. En su valoración, el Ejecutivo ha priorizado intereses políticos frente a la resolución de los problemas que afectan directamente a los ciudadanos.
Como ejemplo de las posibles consecuencias, la senadora menciona la jurisdicción social, donde trabajadores despedidos esperan resoluciones que inciden en su sustento económico, así como el orden civil, en el que se tramitan procedimientos familiares que requieren especial agilidad. Ante este escenario, insiste en la necesidad de dotar a los juzgados de “más medios y más recursos”.
En el plano parlamentario, el Grupo Popular registrará una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer cuántos jueces y funcionarios había en Melilla antes de la reforma y cuántos hay en la actualidad; qué refuerzos se han aprobado desde su entrada en vigor; cuáles son los tiempos reales de señalamiento; el número de procedimientos pendientes y las incidencias detectadas desde su implantación .
La senadora también trasladó el apoyo de su formación a jueces, fiscales y funcionarios, reconociendo su labor para sostener el servicio público pese a la falta de medios. Asimismo, defendió la independencia judicial como garantía de igualdad ante la ley y reclamó una rectificación por parte del Ministerio de Justicia.
Las declaraciones de Moreno se producen en un contexto en el que ya se habían expresado inquietudes desde el propio ámbito judicial. Recientemente, el juez decano de Melilla, Álvaro Salvador Prieto, manifestó que la nueva ley estaba generando más problemas de los que solucionaba, al menos en su fase inicial de aplicación. Estas valoraciones refuerzan el debate sobre el impacto real de la reforma en el funcionamiento diario de los juzgados de la ciudad.
Moreno concluye que el Gobierno tiene la obligación de rectificar el rumbo adoptado en materia de Justicia y advierte de que, en caso contrario, será un futuro Ejecutivo quien adopte las medidas necesarias. Mientras tanto, el foco político se sitúa en la evolución de los datos sobre personal, carga de trabajo y tiempos de resolución en los juzgados melillenses, cuya situación vuelve a situarse en el centro de la controversia institucional.
