La situación de la sanidad pública en Melilla ha llegado a un punto de inflexión en el que, o se toman en Madrid en serio lo que está sucediendo con la falta de facultativos, o la sociedad civil se rebelará contra un sistema incapaz en estos momentos de garantizar la salud de los melillenses, ciudadanos que puntualmente pagan, junto con sus empresas, un servicio que se está demostrando absolutamente ineficiente para el coste que tiene.
El Ministerio de Sanidad no puede seguir mirando a otro lado. Su titular, Mónica García, está obligada como gestora competente en exclusiva en esta materia, a poner en marcha todas las medidas necesarias para solucionar los graves problemas que los pacientes padecen. No es comprensible que un enfermo de patologías relacionadas con digestivo deba esperar hasta casi dos años para obtener una cita con el especialista.
No puede normalizarse el hecho de que el digestivo solicite pruebas para saber qué le ocurre al paciente, que éstas se realicen poco después, pero no lleguen a nada porque ha transcurrido tanto tiempo entre una cosa y otra que cuando se llega a la consulta están desfasadas y no reflejan la realidad de lo que le ocurre a esa persona. Y eso está sucediendo en decenas de casos, aunque afortunadamente no hayan tenido el fatal desenlace que sí ocurrió con Abdel, el joven de 25 años que falleció de cáncer por no tener un diagnóstico temprano.
Los melillenses no pueden conformarse con esto, no es justo ni debe ser admisible porque hablamos de la salud, uno de los bienes más preciados y sensibles para las personas. No es aceptable que solo aquellos que puedan pagarse un desplazamiento a la península y sanidad privada fuera de Melilla, se garanticen una atención como se merece cualquier ser humano.
Melilla no aguanta más este gravísimo problema de la sanidad pública y por eso hay que reclamar que desde Madrid se dé la opción a mejorar el sistema, que la ministra se deje de pancartas y de llenarse la boca de la bondad de lo público cuando, en realidad, tiene completamente abandonado uno de los servicios esenciales del estado del bienestar.
