La Ley Bolaños provoca retrasos en la Administración de Justicia de Melilla

La Ley Bolaños, que es como se conoce a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños, ministro de Justicia, se implementó de manera oficial en Melilla el 1 de enero de 2026. El proyecto establece que los fiscales asumen la dirección de investigaciones penales o instrucciones en lugar de los jueces de instrucción.

El presidente del Tribunal de Instancia de Melilla, Álvaro Salvador Prieto, comenta en primer lugar que la entrada en vigor de la ley estaba prevista para enero de 2025 y que la actuación del Ministerio fue al final con mucha prisa, “y las prisas son malas consejeras”.

Ha habido muchos cambios en la plantilla del funcionariado y algunos ajustes, como el cambio de cartelería o la realización de pequeñas obras en las oficinas, no han podido ejecutarse todavía porque la legislación va a coste cero.

A finales del mes pasado se terminó de incorporar todo el equipo, aunque con la nueva ley se han amortizado, además, plazas de funcionarios. Salvador Prieto ha señalado que las secciones civiles están funcionando de manera aceptable, y que no sucede lo mismo con las de instrucción por la falta de personal.

“Hay pocos letrados de la Administración de Justicia para encargarse de cuestiones tan básicas como las guardias”. A pesar de que han solicitado al Ministerio un refuerzo en este aspecto, no ha habido respuesta por su parte.

Los procesos de la parte penal, con el paro en la instrucción, también se han ralentizado, “porque no les llegan procedimientos para el enjuiciamiento”. La sección de menores ha seguido desarrollando su actividad con normalidad y a pleno rendimiento, y las de lo contencioso igual.

Así, “la sección de lo social, más allá del cambio estructural, es una sección que ya de forma estructural tiene un retraso importante”. En este departamento han pedido la creación de una plaza judicial más, pero no saben si la solicitud llegará a buen puerto.

Por lo tanto, “las leyes pueden tener muchas buenas intenciones, pero el principal problema es que no se le preguntó a nadie, a ninguno de los implicados, porque no se presentó como proyecto del Gobierno, sino como proyecto del partido del Gobierno”, ha asegurado.

Esta es la queja central del presidente del Tribunal de Instancia de Melilla a la legislación. Igualmente, era necesaria, en su opinión, “la modificación sobre el argumento de que la organización judicial en España es decimonónica”.

Sin embargo, reiteran que van muy lentos por haber hecho “cambios tan radicales de funcionamiento, estructura y sistema” tan deprisa y a coste cero. Manifiestan que tampoco se ha contado con quienes realmente están implicados en ello y conocen cómo funciona la Administración de Justicia en el día a día.

Salvador Prieto considera que Melilla no es la ciudad que está en peor lugar con respecto a este asunto. Esperaban un parón de tres meses que, al final, ha sido de seis. Ahora, con la llegada de las vacaciones estivales, no se podrá avanzar mucho más.

Si se hubiese hecho de otro modo, el mejor planteamiento para el presidente habría sido instaurar el nuevo sistema con mucho más tiempo y que no hubiera afectado a jurisdicciones que ya funcionaban, como es el caso de la de menores. O, también, que no se amortizara el personal y se distribuyera de una forma más compartimentada el trabajo.

Por otro lado, “hay cuestiones de técnicas legislativas que son manifiestamente mejorables en la ley”. El presidente del Tribunal de Instancia de la ciudad autónoma se muestra optimista de cara a los próximos meses. En especial, gracias al esfuerzo de los miembros que componen la Administración de Justicia en Melilla y de los funcionarios.

No obstante, el funcionamiento a pleno rendimiento “va a tardar”. “Yo creo que podemos empezar a caminar, sobre todo, si se nos hace caso con determinadas cuestiones. Por ejemplo, con la falta de personal funcionario en el servicio común de tramitación para el área penal, que es manifiestamente insuficiente”.

En resumen, estas circunstancias hacen que, pese a que la Ley Bolaños tenía un buen fin, no esté dando los resultados previstos en territorio melillense. Desde la Administración esperan que en los próximos meses todo vuelva a la normalidad.