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La juez del caso Santiago-Rusadir sigue sin recibir el informe de la Intervención General

Se espera que este mes de abril determine si levanta totalmente el secreto de actuaciones o lo prorroga hasta fin de año

Por M.A. Jiménez
01/04/2026 10:56 CEST
Melilla
Hace dos años se practicaron numerosos registros dentro de la operación policial del caso Santiago-Rusadir
Hace dos años se practicaron numerosos registros dentro de la operación policial del caso Santiago-Rusadir
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La titular del juzgado que instruye el caso Santiago-Rusadir continúa a la espera de recibir el informe de la Intervención General, un documento considerado clave para el avance de la investigación, mientras ha iniciado nuevas diligencias centradas en el interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Según fuentes de El Faro, este informe resulta fundamental para analizar los mecanismos de control aplicados en los expedientes bajo investigación y su adecuación a la normativa vigente. A pesar de ello, su ausencia no ha paralizado el curso de la causa, que avanza en una fase en la que se amplía el foco sobre la actuación de la Intervención dentro de los procedimientos analizados.

Las mismas fuentes señalan que a lo largo del mes de abril se prevé que se adopte una decisión relevante sobre el secreto de esta pieza. En concreto, se deberá determinar si se acuerda su levantamiento total o si, por el contrario, se opta por prorrogarlo hasta finales de año, lo que condicionaría el acceso a la información por parte de las partes implicadas.

El caso Santiago-Rusadir salió a la luz pública hace aproximadamente dos años y desde entonces ha ido adquiriendo una creciente dimensión judicial. En su fase inicial, la causa cobró especial notoriedad tras la detención y posterior entrada en prisión de varios exconsejeros de Coalición por Melilla (CpM), así como del presidente de esta formación política, Mustafa Aberchán.

A partir de ese momento, la investigación ha ido avanzando mediante la apertura progresiva de distintas líneas que analizan diferentes ámbitos de la gestión pública y de la actividad vinculada a los hechos investigados. En la actualidad, el procedimiento abarca más de 350 contratos que suman un importe aproximado de 78 millones de euros, lo que evidencia el alcance económico de la causa.

La investigación se articula en cinco líneas diferenciadas. Una de ellas se centra en los presuntos contratos fraudulentos; otra analiza el voto por correo; una tercera se ocupa del volcado y análisis de evidencias digitales; una cuarta investiga subvenciones y contratación mayor; y una quinta aborda una presunta financiación ilegal de CpM.

Cada una de estas líneas requiere un tratamiento específico, tanto por la naturaleza de los hechos como por la documentación asociada. En este sentido, el análisis de los contratos y expedientes administrativos está implicando la revisión de un elevado volumen de información, lo que incrementa la carga de trabajo del juzgado.

Asimismo, el estudio de las evidencias digitales supone un proceso técnico que requiere tiempo y recursos, mientras que las líneas vinculadas a subvenciones, contratación y financiación obligan a examinar distintos procedimientos administrativos y su tramitación.

En fases anteriores de la instrucción, varios empresarios investigados han prestado declaración ante el juzgado, aportando información sobre las operaciones y contratos que forman parte del objeto de la investigación. Estas comparecencias han contribuido a avanzar en el conocimiento de los hechos y a delimitar el alcance de algunas de las líneas abiertas.

La coexistencia de estas cinco líneas de investigación abiertas de forma simultánea explica en parte que la instrucción continúe sin una fecha definida para su finalización. La necesidad de coordinar diligencias, analizar documentación y recabar informes técnicos condiciona el ritmo del procedimiento.

En este contexto, el informe de la Intervención General adquiere una especial relevancia, ya que puede aportar elementos clave sobre los mecanismos de fiscalización aplicados en los expedientes investigados y sobre el papel desempeñado por los órganos de control.

Mientras tanto, la jueza mantiene activas distintas diligencias con el objetivo de profundizar en la actuación de los distintos actores implicados, incluido el interventor de la Ciudad, cuya labor se encuentra ahora bajo análisis en esta fase de la investigación.

El procedimiento continúa así su curso en un escenario marcado por la complejidad técnica y el volumen de información, a la espera de la incorporación de nuevos elementos y de decisiones relevantes que permitan seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos.

Etiquetas: Noticias de Melilla

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