La investigación vincula a la "fontanera" del PSOE con gestión de residuos en Melilla

Un proyecto relacionado con el tratamiento de residuos en Melilla forma parte de la investigación judicial que implica a antiguos cargos socialistas y empresarios por presunta corrupción. Según la Guardia Civil, ese intento de adjudicación fue una de las operaciones bajo sospecha en las que intervino el grupo conocido como Hirurok, integrado por la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

De acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo habría mediado para que la empresa Acciona, también investigada en el caso Koldo, obtuviera dos contratos adjudicados por la empresa pública Enusa: uno en Melilla y otro en Castellón.

En el caso de Melilla, se trataría de un proyecto vinculado al tratamiento de residuos, sin que ello supusiera la adjudicación ni explotación de la actual planta incineradora, que sigue en funcionamiento y no ha sido gestionada por Acciona. Hay que recordar, en ese sentido, que Enusa es propietaria del 50% de la sociedad pública Remesa, gestora de la incineradora local.

La operación, según los investigadores, generó pagos irregulares de 17.545 euros canalizados a través de un despacho de abogados, contratado por Enusa supuestamente por indicación del propio grupo. La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, examina posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los tres implicados están en libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil estima que en cinco operaciones similares, el grupo obtuvo al menos 750.614 euros en comisiones ilegales, utilizando empresas pantalla y facturación mendaz. En todas ellas, se habrían aprovechado de sus vínculos con la administración pública y su capacidad de influencia.

Gobierno CpM-PSOE

En el caso concreto de Melilla, el intento de adjudicación investigado podría estar vinculado con los planes impulsados durante el mandato del Gobierno local 2019–2023, integrado por PSOE y CpM, que propuso el cierre de la incineradora existente, el traslado de residuos a la península y la futura creación de una nueva planta de tratamiento. Aquella propuesta contemplaba la participación de empresas privadas en la gestión de la nueva infraestructura, lo que coincide con el marco en el que Hirurok habría intentado influir a favor de Acciona.

En aquel mes de enero de 2023, cuando el cepemista Hassan Mohatar, entonces consejero de Medio Ambiente, dio a conocer las intenciones del Gobierno respecto a la planta incineradora, hubo una oposición feroz por parte del Partido Popular. Éste ganó meses después las elecciones por mayoría absoluta y aquel proyecto quedó en aguas de borrajas.

No obstante, tanto Mohatar como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, intervinieron en rueda de prensa para dar a conocer el proyecto y el apoyo del Gobierno de España a tal iniciativa. Tan es así que Morán llegó incluso a proponer el uso de dinero europeo para sacar adelante la idea.

Además de esta operación, el grupo es investigado por otras adjudicaciones públicas: el rescate a la empresa Tubos Reunidos (112,8 millones de euros), una ayuda a Arapellet de 17,3 millones, un contrato de 2,8 millones en Asturias o una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar, supuestamente vinculada a Alonso y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La UCO destaca que los implicados utilizaban sus contactos institucionales para obtener decisiones favorables a cambio de comisiones, recurriendo a una red de despachos, sociedades instrumentales y facturas justificadas de manera fraudulenta.

La investigación sigue abierta y se prevén nuevas diligencias para aclarar el alcance de esta presunta trama de corrupción, con múltiples ramificaciones en empresas públicas vinculadas al Estado.