La Fiscalía solicita 72 años de prisión para el sacerdote acusado de sedar y violar a cuatro mujeres

La Audiencia de Málaga acogió el pasado lunes el inicio del juicio contra Francisco C. V., un sacerdote católico acusado presuntamente de sedar con productos químicos a cuatro mujeres entre los años 2016 y 2019 para posteriormente violarlas mientras permanecían inconscientes y grabar los hechos en vídeo. La Fiscalía solicita para el acusado un total de 72 años de prisión por diversos delitos relacionados con los hechos investigados.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, el sacerdote seguía un mismo modus operandi con todas las víctimas. Primero se ganaba su confianza aprovechando la relación cercana que mantenía con ellas como párroco de las localidades malagueñas de Ardales y Carratraca y como vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora.

Una vez consolidada esa relación de confianza, las llevaba a lugares considerados seguros, donde presuntamente las sedaba y posteriormente abusaba sexualmente de ellas mientras permanecían inconscientes. Según sostiene la Fiscalía, todos los hechos quedaban registrados en grabaciones de vídeo realizadas por el propio acusado.

La acusación pública reclama doce años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de abuso sexual con penetración atribuidos al sacerdote, además de otros tres años por cada delito de lesiones y tres años más por cada delito de revelación de secretos. La Fiscalía aplica además los agravantes de abuso de confianza y alevosía.

Además de las penas de prisión, los fiscales solicitan que el acusado indemnice a las cuatro víctimas con un total de 1,2 millones de euros, es decir, 300.000 euros para cada una de ellas por las secuelas psíquicas sufridas y por el daño moral derivado de los hechos.

La Fiscalía también considera responsable civil subsidiario al Obispado de Málaga, lo que implicaría que, en caso de impago por parte del sacerdote, sería la Iglesia Católica quien asumiría el pago de las indemnizaciones reclamadas.

El escrito de acusación recoge igualmente la actuación del Obispado de Málaga tras conocerse las primeras denuncias. Según la Fiscalía, las revelaciones surgieron entre las navidades de 2022 y 2023 después de que R. T. R., pareja sentimental del sacerdote en aquel momento y con quien convivía en Melilla, encontrara casualmente un disco duro externo en el domicilio parroquial donde residían.

La mujer declaró este lunes ante el tribunal que descubrió el contenido del disco duro pensando que contenía películas o series de televisión, pero encontró en su interior grabaciones y fotografías sexuales de las perjudicadas. “No podía creer lo que estaba viendo”, manifestó durante la vista oral, según recogió Europa Press.

La testigo explicó que en las imágenes aparecían las víctimas inconscientes mientras el acusado abusaba de ellas. “Esas imágenes no me las puedo quitar de la cabeza, tengo pesadillas con eso”, aseguró ante el tribunal.

R. T. R. afirmó también que reconoció al sacerdote en las grabaciones porque conocía perfectamente su cuerpo. Según relató, en una ocasión el acusado le envió una fotografía íntima donde podía apreciarse una mancha característica que permitió identificarlo.

La denunciante señaló además que realizó una copia de las carpetas encontradas y que posteriormente habló con el sacerdote sobre lo descubierto. Según declaró, él reaccionó autolesionándose, una conducta que, afirmó, repetía durante las discusiones que mantenían.

La Fiscalía sostiene que, tras descubrir los hechos, R. T. R. intentó informar tanto a las autoridades religiosas de Melilla como al Obispado de Málaga mediante reuniones personales y correos electrónicos. Sin embargo, según el escrito de acusación, el Obispado no abrió ninguna colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni adoptó medidas más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera.

Durante su declaración, la testigo aseguró que se sintió “abandonada” por la Iglesia y afirmó que “le cerraron las puertas”. Finalmente, decidió acudir a la Policía Nacional y presentó una denuncia el 24 de agosto de 2023, entregando además una copia del material hallado en el disco duro del sacerdote.