La familia del menor que sufrió un grave accidente en el Instituto Leopoldo Queipo de Melilla el pasado viernes ha acusado públicamente a la directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, de haber vulnerado derechos fundamentales del niño al divulgar presuntos datos médicos sin autorización.
En un comunicado firmado por Naima Mohamedi Amar, tía del menor y portavoz de la familia, denuncian que Treviño ofreció declaraciones ante los medios de comunicación en las que afirmó que el menor “se encuentra en planta desde ayer al mediodía y que su evolución es favorable”. Para los familiares, esta afirmación no solo es “inexacta”, sino que representa una “gravísima vulneración” de la intimidad del menor y de los derechos que lo protegen, al haberse hecho pública sin ningún tipo de autorización por parte de la familia.
“El sufrimiento de un niño y su familia no puede ser utilizado para manipular la opinión pública ni para minimizar la gravedad de unos hechos”, expresa la familia, que también exige saber de qué fuente obtuvo Treviño esa información médica. En el comunicado recalcan que ningún miembro del entorno familiar ha autorizado la difusión de datos sobre el estado de salud del menor, lo que agrava aún más la situación al tratarse de un niño cuya información sanitaria está protegida legalmente.
Recuerdan además que los datos médicos están especialmente blindados por la legislación española y europea, en particular cuando afectan a un menor de edad. En su comunicado, aluden al artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, así como al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que prohíbe expresamente la difusión de datos que puedan afectar la reputación o intimidad de un menor.
En palabras de la portavoz, la actuación de Treviño “viola los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales” y consideran aún más grave que estos fueran difundidos a través de los medios de comunicación, lo que multiplica su alcance y exposición pública. Por ello, exigen la retirada inmediata del vídeo con las declaraciones y la publicación de una rectificación oficial por parte de la Delegación del Gobierno.
También solicitan una disculpa pública por parte de la directora provincial y de la propia institución a la que representa, al considerar que se ha producido una falta de respeto institucional y humana en un momento de máximo sufrimiento para la familia. Señalan que los cargos públicos tienen la obligación de actuar con diligencia y responsabilidad, especialmente cuando están en juego derechos de menores y su integridad.
La familia ha anunciado que sopesa emprender acciones legales no solo por el accidente ocurrido en el instituto, que ya ha sido objeto de denuncia pública, sino también contra Elena Fernández Treviño por la presunta vulneración de la intimidad del menor y la difusión no autorizada de información sanitaria. Indican que estudian acudir tanto a los tribunales ordinarios como ante la Agencia Española de Protección de Datos para que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.
Este nuevo episodio se suma al ya de por sí alarmante caso del accidente sufrido por el menor en el IES Leopoldo Queipo, cuando cayó tras enredarse el pie en la red de una portería que estaba en el suelo y en mal estado. Según informó El Faro de Melilla, la caída le provocó la pérdida del bazo y los médicos han advertido a la familia de posibles secuelas de por vida. La familia ya había manifestado públicamente su malestar por la falta de supervisión y de protocolos adecuados en el centro educativo.
En ese contexto, consideran que las declaraciones de la directora provincial buscan minimizar la gravedad de lo ocurrido y generar una percepción social alejada de la realidad que están viviendo. “No entendemos qué está tratando de justificar”, señalan con contundencia.
El comunicado concluye con una petición clara de respeto, veracidad y responsabilidad institucional. Subrayan que en lugar de exponer aún más al menor y a su familia, lo que corresponde es garantizar su privacidad y bienestar, y reclaman que se tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.
Esta familia tiene que saber que es obligación de la Dirección Provincial informar de la situación de menor ya que el incidente se ha producido en un Centro Educativo.