Dice el vicepresidente primero del Gobierno, Miguel Marín, en el primer capítulo de la larga entrevista mantenida con este Diario, que la conectividad es un elemento imprescindible para el desarrollo económico de las ciudades y recuerda que ya en la antigüedad solo las poblaciones bien comunicadas alcanzaban el grado de prosperidad que las hicieron memorables. Ponía ese ejemplo para que se entienda sin ningún género de duda que el transporte es esencial para el futuro melillense.
A estas alturas, todavía sigue sin salir el contrato del servicio marítimo, que fue parado por un juzgado por no respetar los principios que rigen la libre competencia, entre otros detalles. En este lapsus de tiempo, Marín ha pedido al Ministerio que dirige Óscar Puente que se tomen en consideración las propuestas formuladas desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma para que el pliego de condiciones mejore sustancialmente las comunicaciones de Melilla con Málaga, Almería y Motril.
Para Marín no es de recibo que quien viaje a Almería o a Motril tengan un barco más antiguo, con menos prestaciones. "¿Por qué tiene que ser así?", se pregunta cargado de razón. Es cierto que Málaga reúne el mayor tránsito, pero no son pocos quienes usan las otras líneas marítimas alternativas y, en consecuencia, no tienen por qué sufrir peores condiciones en sus travesías a la península.
El caso es que los tres destinos por mar están dentro de lo que se considera obligación de servicio público y, en consecuencia, tienen unos precios máximos establecidos que, si bien deberían revisarse para que sean más baratos en beneficio de los melillenses, en principio pueden considerarse razonables.
No ocurre lo mismo con los vuelos a Málaga y Madrid. Si para un residente que tiene que desplazarse urgente de un día para otro a esos puntos peninsulares el coste es más que excesivo, para quien no dispone del 75% de descuento en el billete resulta absolutamente prohibitivo. Marín en la entrevista recuerda que precisamente el secretario de Estado de Transporte, en su visita a Melilla, le comentó que la idea y vuelta a Madrid había costado 1.400 euros. En definitiva, inasumible para cualquier bolsillo normal.
Por eso Miguel Marín considera vital que el Ministerio de Transporte acceda a declarar estas líneas aéreas como obligación de servicio público. Eso supondría no sólo el establecimiento de un número mínimo de vuelos diarios sino también unos precios que entren dentro de la lógica y estén al alcance de las economías del mayor número de ciudadanos posible.
Melilla no podrá prosperar si no tiene una conectividad moderna, frecuente y a precios asequibles. De nada servirán los esfuerzos en materia de innovación tecnológica, turismo, universidad y cualquier otro proyecto estratégico de reactivación del modelo productivo si los transportes no acompañan a estos planes del Gobierno de Imbroda.
Y el problema está en que es el Ejecutivo de Sánchez el que tiene que decidir si está o no por la labor de cooperar estableciendo las condiciones que deben cumplir los medios de comunicación con la península. Cierto es que Madrid ha dado pasos en la buena dirección en los últimos años, pero no es menos cierto que se ha quedado a medias y que debe profundizar en esta tarea porque de ello va a depender en gran medida el éxito económico que garantice un futuro para Melilla.
