La Comunidad Musulmana de Melilla ha mostrado su sorpresa y preocupación tras conocerse la aprobación, este miércoles en el Consejo de Ministros, de una nueva regularización extraordinaria para personas en situación administrativa irregular. El colectivo ha criticado el cambio de postura del Partido Popular respecto a esta medida, que en el pasado contaba con el respaldo de importantes responsables de Gobierno y de Estado, incluidos expresidentes de distintas formaciones políticas.
Según indican desde la Comunidad Musulmana, no se entiende cómo una iniciativa que históricamente recibió apoyo puede ser ahora cuestionada por una formación que anteriormente se mostró claramente favorable. Recordaron que en 2024 tanto el exlíder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, manifestaron públicamente su acuerdo con una regularización extraordinaria en determinados supuestos, llegando Sémper a afirmar: “Faltaría más, el Partido Popular lo apoyaría”.
El colectivo se pregunta qué ha cambiado para que hoy el partido adopte una posición contraria. A su juicio, el giro del Sr. Feijóo no se basa en un análisis jurídico o social de la medida, sino en la influencia y presión política del partido Vox, que busca obtener rédito electoral a través de un discurso más duro, alarmista y excluyente.
En este contexto, la Comunidad Musulmana muestra su alarma por expresiones como “la invasión mata”, pronunciadas recientemente por Santiago Abascal en un acto público. Consideran que este tipo de declaraciones deshumanizan a colectivos completos, fomentan el miedo y la confrontación social, y erosionan la convivencia ciudadana, alejándose de los principios democráticos, constitucionales y humanitarios que deberían guiar cualquier debate público sobre personas.
Frente a estos discursos, destacan que diversos sectores sociales e institucionales se han manifestado a favor de la regularización. Entre ellos, subrayan las palabras de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien ha mostrado el apoyo de la Iglesia a la medida, apelando a la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de respuestas responsables y humanas ante esta realidad.
La Comunidad Musulmana de Melilla insiste en que las políticas migratorias no deben estar condicionadas por discursos extremos ni estrategias de confrontación política. Señalan que la coherencia, la responsabilidad institucional y el respeto a la palabra dada son elementos esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Desde la ciudad autónoma, reconocen que esta regularización no tendrá un efecto directo, dado que la gran mayoría de las personas residentes en Melilla ya están debidamente documentadas. No obstante, subrayan que, de existir algún caso aislado, estos deberían poder acogerse a la normativa vigente si finalmente la medida se aplica.
El colectivo hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y altura de miras, manteniendo coherencia y lealtad institucional. Rechazan los discursos que dividen a la sociedad y destacan la necesidad de adoptar soluciones serias, humanas y responsables, acordes con la realidad social del país y con los valores que sustentan la democracia española.
En definitiva, desde la Comunidad Musulmana de Melilla se solicita a los partidos políticos que respeten los derechos de las personas en situación irregular, eviten el alarmismo y trabajen por políticas inclusivas que promuevan la convivencia y la cohesión social. El colectivo insiste en que cualquier debate sobre regularización debe guiarse por criterios de justicia, humanidad y respeto a la legalidad, evitando que la política se convierta en un instrumento de confrontación o exclusión.
Eso es precisamente lo que busca el Gobierno con esta aprobación por vía de urgencia de un "Real Decreto Ley" derivado de una "Iniciativa Legislativa Popular" cuya toma en consideración fue votada a favor por el Partido Popular el pasado año, la confrontación y la exclusión. En lugar de tramitarla en el Congreso y en el Senado, como fue votado a favor el pasado año por todos los grupos políticos, con excepción de VOX, excluye a los legisladores españoles de ese proceso y lo aprueba por Decreto. ¿Es tan difícil de entender la sucia maniobra? ¿Quién promueve la confrontación? ¿A quién se pretende hurtar la oportunidad de posicionarse sobre "quiénes" y "en que condiciones"? Pues a los españoles en general, representados por sus legisladores.